A lo largo de casi cinco años, Ivonne Daniela Flores Mustre ha tenido que vivir el duelo de haberse quedado sin la custodia de su hija, luego de que su expareja sentimental, David N., la acusó falsamente por haber cometido abuso sexual en contra de la menor.
Durante ese periodo, Daniela Flores ha logrado que el caso haya sido cerrado en tres ocasiones al no haberse hallado ninguna prueba que la involucre en dicho delito e inclusive la menor de edad ha declarado en todo momento no haber sido tocada ni una sola vez por su madre.
Este caso de violencia vicaria llevó a asociaciones civiles como Madres por la recuperación de sus hijas e hijos y el Frente Nacional contra Deudores Alimentarios Puebla, a exigir que la carpeta de investigación sea tratada con perspectiva de género para que las falsas acusaciones de David N. no queden impunes.
Y es que, este lunes por la mañana, por cuarta ocasión, se llevó a cabo una audiencia para reabrir la denuncia en contra de Daniela Flores, por lo que fue citada a comparecer en Casa de Justicia de la 11 Sur para declarar nuevamente por las investigaciones que previamente habían sido desestimadas por un juez.
“David N. utilizó uno de los delitos más penados en agravio a una menor: el abuso sexual, para robarme a mi hija. En dicha denuncia, la investigación se ha cerrado ya en tres ocasiones distintas y a lo largo de 56 meses, es decir 4 años y 8 meses y tres cierres de carpetas no me encuentran culpable del delito, y mi hija en dos periciales ha señalado jamás haber sido tocada”, denunció Ivonne Daniela Flores.
La agraviada sostuvo que la encargada de llevar su caso era la abogada y activista Cecilia Monzón, quién logró cerrar la denuncia por delito sexual en dos ocasiones y además apuntaló una denuncia por violencia familiar en contra de David N.
Sin embargo, expuso que tras el feminicidio de la abogada a manos de su expareja sentimental, Javier López Zavala, el denunciado, David N., ha utilizado una serie de medidas dilatorias para no cumplir con la reparación del daño causado por la violencia familiar que ha sufrido.
“Pido el día de hoy a la jueza Bet Nimra Pérez Hernández que actúe conforme a derecho y aplique la perspectiva de género correspondiente, pues en ninguna instancia me han hecho valer mis derechos humanos. Aquí las víctimas somos mi hija y yo, ambas somos víctimas de la violencia y la misoginia de este agresor David N.”, declaró Flores Mustre.
Por su parte, la activista Lizeth Mejorada, consejera de la asociación Inmujeres por el estado de Puebla, advirtió que en el caso de las peripecias cometidas por David N., las denuncias en su contra han estado acompañadas por la impunidad y presuntamente por “altos niveles de corrupción y tráfico de influencias”.
“El violentador David N., es una persona que goza de impunidad y altos niveles de corrupción y tráfico de influencias. Es una pena que, a pesar de ser extranjero, la justicia mexicana le haya fallado durante tantos años a su compatriota Ivonne. No pedimos algo ilegal, pedimos apego al Estado de Derecho. Por eso hacemos un llamado al Poder Judicial del Estado de Puebla a cerrar por completo esta falsa acusación y dar esperanza a las madres de violencia vicaria con una resolución ejemplar”, denunció Lizeth Mejorada.
Desde el 3 de agosto de 2022, en Puebla el delito de violencia vicaria se sanciona hasta con 11 años de prisión para los varones que utilicen a sus hijos como instrumento para causarle daño a su pareja sentimental o expareja. Puebla es el quinto estado en haber tipificado este delito en el Código Penal, después del Estado de México, Zacatecas, Hidalgo y Yucatán.