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jueves, diciembre 5, 2024

Pese a evidencias, Marcos Castro niega que haya falsos indígenas azules

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El diputado panista Marcos Castro Martínez negó que Eduardo Rivera y El Yunque estuvieran manipulando los estatutos del PAN para colocar a perfiles en cargos de consejeros en municipios de vocación indígena. Además, defendió a la diputada Celia Bonaga Ruiz, quien también accedió al Congreso local bajo este mismo proceso, aunque de manera cuestionable.

Sin embargo, la evidencia sugiere lo contrario: una manipulación flagrante para asegurar una presencia política en áreas que, en teoría, deberían ser representadas por actores auténticos de las comunidades indígenas.

A pesar de las justificaciones de Castro Martínez, el también coordinador de la bancada panista en el Congreso local reconoció, implícitamente, la falencia del PAN en su tarea de fomentar y formar verdaderos representantes indígenas.

En un intento por defender el proceso, aseguró que cualquier aspirante, independientemente de su origen, tiene “la posibilidad” de participar en el proceso de selección de consejeros, ya sea a través de exámenes o propuestas en asambleas.

Sin embargo, esta argumentación resulta superficial ante la evidencia de que una parte significativa de los consejeros seleccionados no provienen de las comunidades indígenas ni tienen una verdadera vinculación con ellas. Más bien, muchos de estos perfiles están estrechamente ligados a Eduardo Rivera y su grupo político. Como señaló la investigación periodística de Hipócrita Lector, la realidad es que estos perfiles responden más a una estrategia política que a una auténtica representación de los intereses indígenas.

La declaración de Castro Martínez ocurre tras la manipulación de los estatutos del PAN por parte de Rivera y su facción, que colocaron a 22 de sus aliados en 19 municipios de representación indígena, a pesar de que no son originarios de esas comunidades ni tienen un liderazgo reconocido en ellas. Este movimiento implica que al menos el 20 por ciento de los miembros del máximo órgano de dirección del PAN provienen de un proceso irregular, desplazando a la militancia local, principalmente indígena y rural, de las decisiones clave que orientan al partido.

DEFIENDE A LA DIPUTADA ‘INDÍGENA’ CELIA BONAGA

En cuanto al caso de Celia Bonaga, quien utilizó el mismo mecanismo para acceder a su cargo, Marco Castro Martínez defendió su nombramiento, alegando que su propuesta se sustentaba en el respaldo de “organizaciones y agrupaciones indígenas”. Según él, este respaldo validaba su inclusión en el espacio político indígena.

“Recordemos que hay varios elementos para tener una propuesta indígena, entre ellos, el haber sido aprobado formalmente por organizaciones y agrupaciones indígenas, y esa es la lógica en el caso de la diputada Celia Bonaga”, indicó. Sin embargo, esta explicación resalta la ambigüedad de los criterios que deberían haber sido claros y estrictos para garantizar que quienes ocupen cargos de representación indígena sean, efectivamente, líderes legítimos de esas comunidades.

Castro Martínez también se refirió al exdiputado Eduardo Alcántara, quien el martes pasado condenó las malas prácticas dentro del PAN, recordando que él mismo había llegado al Congreso bajo la misma afirmativa indígena.

Por último, el panista  reconoció la falta de trabajo del partido en los municipios, señalando que no existe una participación significativa ni un interés real por parte de las personas que verdaderamente cumplen con los requisitos. En su lugar, los comités municipales recurren a incorporar otros perfiles, lo que refleja una desconexión con las bases locales y un claro desplazamiento de quienes podrían representar auténticamente a sus comunidades.

En resumen, las declaraciones no logran disimular la manipulación interna del PAN, que ha utilizado los estatutos del partido para imponer perfiles políticos más que para garantizar una representación legítima e inclusiva de las comunidades indígenas. Este patrón de acciones pone en evidencia una falta de compromiso real con la diversidad y la inclusión que, a largo plazo, podría erosionar la confianza de los pueblos indígenas en los partidos tradicionales.

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