Tras la suspensión del auditor Francisco Romero Serrano, como medida cautelar ante la denuncia que pesa en su contra por violencia familiar, el Congreso del estado alista el nombramiento de un suplente que, según marca la ley, sería uno de los Auditores de Cumplimiento Financiero o de Evaluación de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
La legisladora petista Mónica Silva rechazó que la ASE quede acéfala, pues la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior establece que el primer auditor de Cumplimiento Financiero será quien ocupe el cargo, que en este caso es el funcionario Víctor Hugo Aguilar Hernández.
“No es un tema de competencia del Congreso del estado, ahora mismo hay una determinación judicial sobre la suspensión temporal del auditor. La Ley de Rendición de Cuentas es específica de quién debe ocupar el cargo de auditor en lo que está temporalmente separado de su cargo”, sostuvo.
La diputada local declaró que en caso de que el auditor especial de Cumplimiento Financiero no pueda asumir la titularidad, el puesto sería ocupado por un auditor especial de Evaluación de Desempeño o como último recurso, recaería en el auditor especial de Gestión y Tecnologías de la Información. Sin embargo, aclaró que esta decisión solo es de la Auditoría Superior del Estado y el Congreso local no tiene injerencia en la definición de quién será el responsable.
El Artículo 120 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del estado de Puebla establece lo siguiente:
“En las ausencias temporales del Auditor Superior del Estado, lo suplirán los Auditores Especiales, en el orden que señale el Reglamento Interior de la Auditoría Superior. En caso de falta definitiva, la Comisión dará cuenta al Congreso del Estado a efecto de que determine cuál auditor especial será el encargado del despacho, hasta en tanto se designe al Auditor Superior conforme al procedimiento previsto en esta Ley”.
Fue este lunes cuando la Mesa Directiva del Congreso local recibió el oficio de un juez de control de la Región Judicial Centro-Poniente, en Cholula, el cual ordenó como medida cautelar suspender de sus funciones a Francisco Romero Serrano como auditor del estado tras una denuncia que pesa en su contra por violencia familiar.
