Ante las protestas de estudiantes por ingresar al campus de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) y la negativa de la rectoría de hacer caso al exhorto del Poder Judicial del Estado para reabrirlo, diputados del Congreso local siguen con opiniones cruzadas.
Mientras los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) piden un protocolo formal por parte de un juez federal para poder reabrir e ingresar al campus, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Morena llamaron a los diputados a dejar de politizar el tema y dejar que los particulares —la familia Jenkins de Landa— resuelvan el problema jurídico que atraviesan.
Desde la noche del 1 de febrero, en la que ya se conocía del resolutivo de la Juez de Control Magaly Escamilla Hernández el cual declaraba que no había impedimento para que se retomaran las actividades en el campus, los diputados panistas comenzaron a señalar que no había una solución al conflicto.
Mónica Rodríguez Della Vecchia señalaba que el conflicto aún no se solucionaba cuando había dos administraciones dentro de la universidad.
“Veo a algunos celebrando el regreso al campus de la @udlap. No nos dejemos engañar. ¿Cómo va a operar la universidad con un rector de un grupo y una administración de la academia de otro? No habrá solución hasta que no haya voluntad de resolverlo. #UDLAPLibre”, expuso Della Vecchia en sus redes sociales.
Ante esto, la dirigente estatal del partido, Augusta Díaz de Rivera, sugirió que se instale una mesa de “transición” para que se genere una administración alterna al conflicto judicial que aún tienen los miembros de la familia Jenkins de Landa.
Por su parte, el diputado local Rafael Micalco Méndez señaló que, a pesar de que existe una autorización para que se reingrese a las instalaciones los alumnos y personal, la medida no se acatará hasta tener un ordenamiento de un juez federal.
“La comunidad Udlap sé que no ha entrado a hacer uso de las mismas (instalaciones) hasta que no se tenga el mandato de un juez federal, que fue quien instruyó se entregaran las instalaciones con cierto formato, ciertos protocolos y ciertas garantías para los que van a tomar posesión de esas instalaciones”, manifestó.
En contraste, la diputada de Morena Olga Lucía Romero Garci Crespo consideró que la postura de la rectoría, encabezada por Cecilia Anaya, y de los diputados panistas evidencian que el caso de la Udlap corresponde completamente entre particulares al negarse a reabrir pese al exhorto de un juez.
“Tenemos las muestras claras de que esto es un conflicto entre particulares. Aplaudo la resolución de ayer por parte de la juez, pero lo malo es que, al ser un conflicto entre particulares, entre ellos lo van a tener que arreglar y nosotros no tenemos injerencia”, comentó.
La legisladora morenista pidió a los actores políticos que se han montado en el tema que dejen de politizarlo pues los únicos afectados en esto son los estudiantes que se ven forzados a protestas a las afueras del plantel y no reciben una solución sobre el regreso a clases presencial.
A esta postura se sumó el priista Néstor Camarillo Medina quien expresó que no han sido las formas correctas de subirse al tema de la Udlap al no explicarles el trasfondo de por qué se encontraba cerrada la institución.
“No han sido las formas correctas; primero, a los estudiantes se les debe decir la verdad de lo que está pasando; y segundo, ya no se puede perder el tiempo, necesitamos que se eche andar”, dijo al recordar que los trámites de titulación se encuentran parados.
El dirigente del partido tricolor agregó que las partes involucradas en el conflicto deben buscar una solución ante el desprestigio en el que está cayendo la universidad.
