La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) planteó eliminar la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en procesos penales en el Estado.
El diputado panista Rafael Micalco Méndez presentó la iniciativa de reforma para derogar los artículos 242 fracción XIII, 247 y 248 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla.
La propuesta busca eliminar la medida de “prisión preventiva, si el delito de que se trate está sancionado con pena privativa de libertad” como una de las medidas cautelares que el Juez pueda imponer a petición del Ministerio Público, de la persona ofendida o de la víctima.
También se plantea eliminar que la prisión preventiva pueda ser sustituida por la reclusión domiciliaria o internamiento en instituciones de salud cuando se trate de personas afectadas por una enfermedad grave y terminal, o por circunstancias que pongan en grave riesgo la salud o la vida del imputado.
Asimismo, se busca suprimir que la prisión preventiva sea procedente cuando se traten de casos de homicidio doloso, violación y su equiparable, secuestro, rebelión y terrorismo como delitos contra la seguridad del Estado, los cometidos por medios violentos como armas y explosivos como ataques a la seguridad en los medios de transporte, asalto, atraco, robo calificado, daño en propiedad ajena, tortura, y evasión de presos.
La iniciativa también impediría la prisión preventiva contra delitos que atenten al libre desarrollo de la personalidad como pornografía con personas menores de edad o que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho; corrupción de menores e incapaces; lenocinio y trata de personas.
El legislador del grupo legislativo blanquiazul planteó que la imposición de este tipo de medidas cautelares vulnera el principio de presunción de inocencia de las personas imputadas en la entidad.
“La restricción del uso de la prisión preventiva deriva del principio de presunción de inocencia, pues solamente se puede privar de la libertad a una persona por orden judicial, luego de seguido un juicio en el que se haya demostrado su culpabilidad”, dijo Micalco Méndez.
El diputado del PAN expuso que en procesos penales donde el imputado resulta puesto en libertad su imagen y credibilidad queda perjudicada ante la opinión pública, por lo que esta medida causa perjuicios a su persona.
“El prestigio de esa persona ¿qué va a pasar con él? Quien va a resarcir los daños a esa persona que finalmente demostró que era inocente de eso que se le acusaba mientras ya se le linchó en medios de comunicación y en la opinión pública”, agregó.
