Publicado originalmente por Ernesto Núñez en El País, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico.
El 2027 ha comenzado. Con más de un año de antelación sobre las elecciones de medio sexenio, la clase política ha empezado a enfilar sus baterías hacia la contienda en la que se renovarán miles de cargos públicos. Una primera muestra se dio en la madrugada del pasado jueves, al calor del debate con el que llegaba a su fin el proceso de reforma político-electoral. Los diputados del oficialismo y de la oposición protagonizaron una primera escaramuza de lo que se viene. El intercambio de acusaciones por corrupción y de presuntos vínculos con el narcotráfico marcaron el tono de una batalla preliminar de 15 horas, en la que ambos bandos resultaron heridos.
“Para ustedes será, sin ninguna duda, la tumba en las elecciones del 27. Van a volver a perder”, advirtió el diputado de Morena Leonel Godoy ante las provocaciones de una oposición que prolongó deliberadamente la discusión y aprobación del llamado plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. “La 4T va a caer, va a caer, va a caer”, corearon panistas y priistas en otro momento de la sesión.
En una jornada plagada de descalificaciones, denuncias e insultos, fueron recurrentes frases como la del morenista Gabino Morales: “Nos vemos en el 2027, en el 2030, en el 33 y en el 36. Volverá a ganar el pueblo de México”. Y respuestas como la del panista Israel Damián Retes: “Saben muy bien que van a perder en 2027, por eso su nerviosismo, por eso su aferre a sus privilegios, al huachicol electoral, al dinero robado de los mexicanos, a esos fueros para poder cometer delitos”.
Como dijo la diputada de Movimiento Ciudadano Elizabeth Núñez Sánchez, “el 2027 está cerca”. Pese a que, en los hechos, falta un año para el inicio de las campañas.
El final del proceso de reforma electoral, que concluyó con cambios mínimos a la Constitución que en realidad no modifican las reglas de la contienda política, anticipó el inicio del proceso electoral en el que se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, casi 2.000 ayuntamientos en 31 Estados y 30 Congresos estatales. Y, con ello, se abrieron varias agendas. En primer lugar, la formación de coaliciones, un terreno en el que el oficialismo ha anunciado ya su intención de volver a conformar la alianza Morena-Verde-PT para competir juntos por la mayoría de los cargos federales y locales. La oposición, en cambio, se perfila para competir por separado, con el PAN, el PRI y MC disputándose el voto anti-4T. Al elenco habrá que sumar los nuevos partidos políticos que podrían entrar en escena en junio: dos ligados al oficialismo –Que Siga la Democracia y Construyendo Sociedades de Paz– y dos abiertamente opositores, Somos México y México Tiene Vida.
Precampañas adelantadas
En otro plano se colocan los procesos internos de partidos y coaliciones, con los que se definirán miles de candidaturas y que ya han sido anunciados por Morena, el Partido Verde, el PRI y el PAN. Esto augura un escenario de precampañas adelantadas, como ocurrió en 2023-2024 tanto en Morena (con el juego de las “corcholatas”), como en el Frente Amplio Opositor.
Morena anunció el pasado 7 de marzo las fechas y reglas de un proceso interno de elección de los “coordinadores de defensa de la transformación” en Estados, municipios y distritos electorales. Mediante encuestas, y a partir del 22 de junio, comenzarán a elegir a quienes terminarán siendo candidatos a gobernador, diputados federales, presidentes municipales y diputados locales. El Partido Verde destapó ya 17 perfiles para sus prospectos por las candidaturas del oficialismo en los Estados que renuevan gubernatura: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
El PRI también dio a conocer algunos perfiles para buscar esas gubernaturas, así como un elenco de operadores territoriales para tratar de recuperar entidades que ha perdido frente a Morena en los últimos años. Y el PAN anunció el 21 de marzo una estrategia de reclutamiento de ciudadanos interesados en ser candidatos en 2027, mediante una aplicación en la que cualquier persona puede registrar sus datos para competir por una gubernatura, una diputación o una alcaldía.
Con ello, los partidos han obligado a las autoridades electorales a anticipar decisiones que den cauce legal a los procesos en los que se definirán las candidaturas. En estricto sentido, la ley marca el inicio de las precampañas en noviembre, pero los partidos ya dieron los primeros pasos y, en esa lógica, el Instituto Nacional Electoral ha iniciado contactos con las dirigencias partidistas para gestionar las contiendas internas. En México, existe la figura de “actos anticipados de campaña”, que puede dar pie a sanciones administrativas que pueden ir desde multas económicas hasta la pérdida del registro de un candidato, y de eso quieren librarse todos los partidos.
De hecho, el pronunciamiento del Consejo Nacional de Morena del 7 de marzo, donde dio a conocer el cronograma de selección de los “coordinadores de la defensa de la transformación”, fue denunciado como acto anticipado de campaña ante el Tribunal Electoral, que en esta semana decidió dar vía libre para que ese proceso continúe. En una resolución impulsada por tres magistrados de la Sala Superior –Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes-, el Tribunal decidió que no había infracción alguna en materia electoral.
En el INE, el consejero Arturo Castillo puso el tema sobre la mesa en la sesión de Consejo General del pasado 26 de marzo, cuando advirtió de que los partidos podrían incurrir en una violación de los tiempos y las leyes electorales y sugirió que la autoridad electoral emita lineamientos para regular los inminentes procesos internos. “Sabemos por los medios de comunicación que los partidos políticos Morena, PRI, PAN, MC y Verde han realizado asambleas, eventos y declaraciones públicas en los que anuncian la adopción de medidas, la generación de propuestas o el inminente inicio de procedimientos internos, presumiblemente como preparativos para los Procesos Electorales Federales y Locales 2026-2027. Como vimos también en las elecciones de 2024, prepararse para un proceso electoral próximo no es por sí mismo ilegal; sin embargo, adelantar los tiempos para estos preparativos sí representa un riesgo de afectar la equidad en la contienda electoral y, por ende, la legitimidad de sus resultados”, advirtió Castillo.
La semana pasada, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sostuvo ya una primera reunión con los representantes de los partidos para comenzar a definir los lineamientos sugeridos por el consejero Castillo. Mientras tanto, los partidos políticos ya están enfrascados en la lucha electoral, con tonos como los que se escucharon el pasado jueves en el Palacio Legislativo de San Lázaro. “La democracia no los necesita, están chiquititos; efectivamente en el 2027 van a desaparecer, la transformación va a seguir les pese y cueste lo que cueste, porque México ya habló”, dijo el morenista Ricardo Crespo. “En 2027 perderán todo lo que ustedes mismos han destruido y no supieron cuidar de México”, respondió el panista Agustín Rodríguez.
