Las dirigencias estatales de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) rechazaron que el convenio firmado con las organizaciones civiles para la conformación del Frente Amplio por Puebla tenga un carácter electoral y que sea vinculante para el reparto de candidaturas.
Ante las críticas que han surgido por parte de militantes panistas por la posibilidad de que el acuerdo sea ilegal por no pasar por el Consejo Estatal blanquiazul —y con la duda de que haya pasado por los consejos de los demás partidos—, las dirigencias de PRI, PAN y PRD señalaron que el convenio firmado no es un acuerdo que se requiera llevar ante los órganos electorales como el Instituto Electoral del Estado (IEE) por no formalizar una alianza electoral, y rechazaron que este reparta un porcentaje de candidaturas.
El presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, Carlos Martínez Amador, comentó en entrevista telefónica que los señalamientos que han hecho militantes del PAN a este acuerdo son solo parte de una grilla interna de dicho partido.
“Yo lo veo como una grilla interna del PAN que ellos tendrán que resolver; al final de cuentas no es un documento formal que estamos inscribiendo ante el IEE, es un acuerdo de voluntades nada más. Ojalá se pongan de acuerdo con el interior del PAN para que resuelvan sus broncas, pero lo veo como una grilla interna, no le veo mayor fondo al asunto”, dijo.
El dirigente perredista rechazó que dicho convenio estableciera que haya un porcentaje de candidaturas para las organizaciones civiles para que ellos postulen candidatos ciudadanos en el 65 por ciento de las candidaturas.
Expuso que este convenio busca que exista una comisión ciudadana para que vigile el proceso y garantice la democratización de los espacios para que los ciudadanos tengan acceso a las candidaturas, al igual que sucede en el proceso a nivel nacional.
Aseveró que el punto 7 del convenio —que establece que: “con el objetivo de que, en la selección de los representantes en los diferentes niveles haya una participación de al menos el 65 por ciento de los ciudadanos registrados, los comités estatales de los partidos y las organizaciones de la sociedad civil, quienes suscriben este acuerdo, realizarán las acciones necesarias para incrementar y promover la participación de la ciudadanía”— se ha malinterpretado por parte diferentes actores.
Martínez Amador aseguró que este punto busca que tanto los partidos como las organizaciones civiles se comprometerán a que en los municipios y distritos del estado se logre que para la jornada electoral la participación ciudadana alcance un 65 por ciento.
“Está malinterpretado totalmente. Se están comprometiendo a que la participación de votación sea del 65 por ciento, así es el espíritu de ese punto. Yo creo que están en un error si lo están leyendo de otra forma (…); al contrario, los puntos son muy claros, no hay cuotas, no hay nada para nadie ese punto se refiere a que las organizaciones se comprometen a ayudarnos a que la gente participe el día de la elección, y el porcentaje de votación sea del 65 por ciento”, enfatizó el líder del PRD en Puebla.
Sobre una aprobación por parte del Consejo Político estatal del perredismo, el presidente del Sol Azteca en la entidad dijo que aún no se encuentran en esa etapa del proceso ya que no es un convenio de alianza electoral, por lo que los consejeros aún no lo han votado, además de que entre la militancia se encuentran de acuerdo con este punto.
Por otra parte, el área de Comunicación Social del PRI de Puebla enfatizó que este convenio firmado el pasado 31 de julio no se compromete a ninguna cuota en un tema de candidaturas para la siguiente elección, sino a un trabajo conjunto “solamente para, en un futuro, ver a un candidato de coalición”.
“El documento que se firmó no se compromete absolutamente a nada, porque como no hay coalición tampoco puede haber acuerdos”, respondió el área de Comunicación Social del partido al consultar la postura del presidente Néstor Camarillo.
Asimismo, la presidenta del PAN en Puebla, Augusta Díaz de Rivera Hernández, sostuvo que el convenio firmado con las organizaciones civiles no tuvo carácter electoral, sino sólo una cuestión colaborativa con el propósito de construir el Frente Amplio por Puebla.
De acuerdo con información publicada por el portal e-consulta, la líder panista detalló que al no ser un pacto para competir en alianza electoral, su firma en el convenio no requería de la autorización del Consejo Estatal, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) o la Comisión Permanente Nacional.
“Es solamente un acuerdo para construir un frente amplio local, así como el de a nivel nacional, pero uno local. Es un acuerdo de voluntades en el que cada uno de los partidos está aceptando que la sociedad civil se integre en un esfuerzo para captar las necesidades ciudadanas”, dijo Díaz de Rivera en entrevista para ese medio.
En días pasados, la expresidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, acusó que la dirigente Augusta Díaz de Rivera no presentó la propuesta para conformar el frente con el PRI y PRD y organizaciones civiles ante el Consejo Estatal, por lo que no estaría facultada para firmas convenios para la creación del Frente amplio por Puebla.
Advirtió que permitir que solo un grupo político, como lo es El Yunque, controle la organización del frente y reparta el 65 por ciento de las candidaturas alejaría de verdad a la ciudadanía y el control de las candidaturas seguras —las plurinominales— quedaría en manos de una pequeña cúpula.
“Este frente debería cambiar de nombre y debería ser ‘Frente de Violaciones Jurídicas Recurrentes’, primero porque Augusta (Díaz de Rivera), la presidenta, para poder explorar cualquier tipo de alianzas, cualquier tipo de acuerdos, necesita la aprobación forzosa del Consejo Estatal, cosa que no se ha dado, entonces es una violación jurídica completamente a los estatutos del Partido Acción Nacional; segunda, pues recordemos que este frente aún no se ha registrado ante el Instituto Estatal Electoral, al final no tiene ninguna validez”, detalló.
La diputada federal criticó que yunquistas de cepa, como Marco Antonio Adame quieran venderse con la bandera ciudadana para influir en el reparto de candidaturas en Puebla, lo que consideró como un riesgo para el partido que, en lugar de competir para ganar juegue para “administrar la derrota”.
También resaltó que a pesar de que tengan el control del partido en Puebla, la dirigencia del PAN encabezada por el Yunque debe recibir el aval por parte del Comité Ejecutivo Nacional, por lo que no tienen garantizado el agandalle de candidaturas para el proceso electoral 2023-2024.
“Recordemos que es un partido nacional, no un partido estatal, y yo sé qué quisiera el Yunque acaparar todas las candidaturas como toda la vida lo he hecho, pero lo digo fuerte y claro: no nos vamos a dejar, primero porque el PAN es mucho más que el Yunque, y en segunda porque le recuerdo que es un partido nacional y quien tiene la última decisión siempre va a ser en el Partido Acción Nacional el Comité Ejecutivo Nacional”, agregó.
