El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, regresaron este jueves a una corte federal en el Distrito Sur de Nueva York para una segunda audiencia en un caso penal que los acusa de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra, en medio de una compleja batalla legal sobre el financiamiento de su defensa.
Maduro y Flores, detenidos desde enero tras una operación que culminó con su traslado a Estados Unidos, se declararon “no culpables” de los cargos y enfrentan un proceso que podría prolongarse por años. En la audiencia, el juez federal Alvin Hellerstein rechazó desestimar el caso y abrió un debate sobre si el gobierno venezolano —sujeto a sanciones estadounidenses— puede financiar los honorarios de sus abogados, una cuestión clave para la defensa.
La defensa argumenta que bloquear el acceso a fondos del gobierno de Venezuela viola el derecho constitucional de Maduro a elegir su representación legal, mientras los fiscales sostienen que permitirlo socavaría las sanciones y comprometería la seguridad nacional. El juez pidió a ambas partes proponer soluciones, pero el caso no fue descartado, dejando abierta la posibilidad de un juicio prolongado.
Afuera del tribunal, manifestantes tanto a favor como en contra de Maduro se congregaron entre fuertes medidas de seguridad, reflejando la polarización del caso a nivel internacional. Mientras tanto, en Venezuela, el gobierno interino ha buscado distanciarse de Maduro y restablecer relaciones con Washington, un signo de las tensiones diplomáticas que acompañan este proceso legal sin precedentes.
