Por el posible cobro de cuotas irregulares entre la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) de Puebla y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, el Ayuntamiento de Puebla podría incurrir en daño patrimonial a la hacienda municipal, advirtió el diputado Eduardo Alcántara Montiel.
En entrevista, el coordinador del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) lanzó un llamado a la Contraloría Municipal para que revise si la Segom ha cobrado recursos que no se encuentran etiquetados en la Ley de Ingresos municipal.
El legislador local consideró como una situación delicada que el dirigente de la 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, saliera a reconocer que han pactado acuerdos con el gobierno municipal para establecer la instalación de comerciantes informales a cambio del pago de cuotas a la dependencia encabezada por Jorge Cruz Lepe.
“El problema es que el Ayuntamiento de Puebla está pactado los cobros en la vía pública cuando nos pide al Congreso que se fije en la Ley de Ingresos cuánto se cobra; es decir, está pactado con las organizaciones o más o menos, porque no es una cuota, deberían pagar los derechos que dice la ley, no cuotas cómodas como dice”, señaló Alcántara Montiel.
Ante esto, expresó que se debe tener certeza de cuántos comerciantes informales se encuentran en el padrón del Ayuntamiento de Puebla, cuántos pagan y cuánto es la cantidad que pagan a la Secretaría de Gobernación y si llegaron o no llegaron a las arcas municipales.
Consideró que es incongruente que el Ayuntamiento de Puebla solicite la aprobación de su Ley de Ingresos 2023 con el cobro de un nuevo derecho, si al final terminarán cobrando lo que ellos consideren adecuado mediante acuerdos políticos.
“Si se acredita que no está cobrando sí (puede haber daño patrimonial), habría que ver cuántos permisos hay y de esos permisos cuánto pagaron y si no hay una relación directa entre los metros ocupados por los comerciantes y los metros pasados hay un daño patrimonial”, enfatizó el coordinador de la bancada panista en el Congreso local.
Alcántara Montiel indicó que antes de solicitar la intervención de la Auditoría Superior del Estado (ASE) se requiere que la Contraloría Municipal y el área de Transparencia del municipio revisen y den a conocer cuántos permisos para comerciantes informales se han entregado durante la administración y en qué zonas y colonias de la ciudad, ya que actualmente el Ayuntamiento no ha hecho pública esa información.
El legislador del PAN agregó que el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez debe hacerse responsable de las anomalías que cometen sus funcionarios en su administración, y si no lo hace él también sería responsable de alguna irregularidad que cometan por omisión y negarse a realizar los cambios pertinentes en su gabinete.
