Publicado originalmente por Vanessa Romero Rocha en El País. Compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico:

La compra de camionetas —en particular esas camionetas blindadas— hiere de manera frontal la promesa de regeneración moral que los encumbró.
Los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rasgaron la tensa paz con un solo movimiento.

Tras cinco meses en el ejercicio del cargo, los recién togados dieron su primer importante traspié. Uno que, en castellano llano, se llama irse de boca: los elegantes asientos de piel de nueve camionetas blindadas —Jeep Grand Cherokee— bastaron para dejar atrás su reciente promesa de austeridad.
Primer pecado: no puede haber ministros ricos con pueblo pobre

La compra de las lujosas camionetas —cuyo costo equivale a dos meses completos de pensión del Bienestar para 3750 adultos mayores— marcó el primer pecado: romper la austeridad prometida.

Una patada rápida al pesebre donde reposaba su cuestionada legitimidad.
Los nueve ministros que hoy ocupan la Corte llegaron hasta ahí impulsados por los excesos de quienes los precedieron: salarios superiores al del Presidente, fideicomisos sin transparencia, prestaciones millonarias, gastos desmedidos en alimentos, medicinas y telefonía y una colección de servicios personales tan obscenos como imposibles de justificar.

Criticaron el sistema y se beneficiaron de su derrumbe. Fueron, al tiempo, causa y efecto. Calentaron el huevo y nacieron gallina.

Los nueve ministros que hoy ocupan la Corte llegaron hasta ahí impulsados por los excesos de quienes los precedieron: salarios superiores al del Presidente, fideicomisos sin transparencia, prestaciones millonarias, gastos desmedidos en alimentos, medicinas y telefonía y una colección de servicios personales tan obscenos como imposibles de justificar.

Criticaron el sistema y se beneficiaron de su derrumbe. Fueron, al tiempo, causa y efecto. Calentaron el huevo y nacieron gallina.

Segundo pecado: matar a la madre

La reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador partió de algunas intuiciones correctas. Entre ellas, que los jueces deben administrar justicia, no dinero. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debía seguir administrando sus propios recursos.

Por eso —y no por otra cosa— se separaron con claridad las tareas jurisdiccionales de las administrativas y se creó un órgano de administración judicial distinto de la Corte. Al nuevo órgano le competen, de manera exclusiva, las compras, los contratos, el presupuesto.

El pecado original —la compra de las nueve camionetas— revela una confusión que no es menor: la ruptura de la segregación de funciones dentro del aparato judicial.

La decisión de comprar las camionetas blindadas pasó, de manera inexplicable, por el Comité de Gobierno y Administración de la Corte —un órgano heredado de la vieja Corte— integrado por Hugo Aguilar, Lenia Batres y Giovanni Figueroa, cuyo papel es meramente auxiliar y orientador.

Una anomalía que merece el nombre de irregularidad. El Comité debería limitarse a trazar lineamientos y orientar al órgano de administración. No autorizar decisiones económicas ni defenderlas públicamente. Es el órgano de administración judicial el que, por ley, ejerce el presupuesto.

Así de clara es la extralimitación: si el órgano de administración judicial compra camionetas cuando la Corte ordena comprarlas y las devuelve cuando la Corte se arrepiente, no estamos ante el prometido órgano rector, sino ante un apéndice administrativo.

El hijo le ordena a la madre.

La nueva Corte aún no es idéntica a la vieja, pero empieza a parecerse. Lo que hoy se observa como un desliz en materia de austeridad, va acompañado de opacidad y una inexplicable subordinación del órgano administrativo al jurisdiccional.

Harían bien los togados en recordar que su verdadero resguardo no está en el espesor de un blindaje, sino en la legitimidad que otorga algo tan simple como la congruencia.