Para que el combate a la violencia ácida sea de manera frontal, los diputados locales no deben dejar las penas por este delito como una simple lesión, sino que debe ser catalogado como una tentativa de feminicidio, enfatizó Maria Elena Ríos Ortiz, víctima y sobreviviente de esta modalidad de violencia contra las mujeres.
En su visita al Congreso del Estado para asistir a la mesa de trabajo para la elaboración de la iniciativa de reforma para sancionar esta violencia, la saxofonista originaria de Oaxaca llamó a los legisladores locales a entrar al análisis de lleno de estas reformas, y no solo limitarse a establecer penas para estos ataques.
María Elena Ríos, una víctima que ha llevado su proceso penal y de recuperación desde tres años, señaló que se requiere mejorar las medidas de reparación y no repetición para las víctimas, así como evitar que los agresores puedan acceder a privilegios que reduzcan sus penas, como lo estableció el Senado de la República en las reformas que aprobó este año.
La activista en favor de las víctimas de ataques con químicos y sustancias corrosivas, enfatizó que al promover que este tipo de ataques sea catalogado como una agravante del delito de lesiones no garantiza que las víctimas obtengan justicia en este tipo de casos.
Expuso que el dejarlo como una agravante de lesiones abre la puerta a que los agresores alcancen privilegios por buen comportamiento y puedan salir antes sin cumplir la totalidad su pena, que llega a ser de 21 años de prisión.
El dejarlo como una tentativa de feminicidio o agravante de feminicidio permitirá que las penas sean más severas y los agresores no salgan antes de cumplir con toda la sentencia.
“No hay ni duda en que debe considerarse feminicidio o tentativa cuando logramos sobrevivir porque el objetivo principal de atacarnos con ácido es matarnos, y no me refiero simplemente en esta idea que concebimos en que se desprende el alma del cuerpo y del cuerpo físico queda dos metros bajo tierra, sino la forma en como matan tus proyectos, tus anhelos, tu vida completa”, manifestó María Elena Ríos.
Expuso que también se debe revisar temas de reparación del daño, pues las víctimas deben someterse a tratamientos médicos y quirúrgicos para la colocación de injertos de piel que resultan muy costosos y en los cuales muchas veces no son costeables, por lo que se debe garantizar que los agresores cubran el pago.
En ese sentido, puntualizó que en los casos donde el agresor esté imposibilitado de cubrir los gastos, el Estado tiene la obligación de garantizar el pago de estos en las instituciones de salud pública.
Además de la atención inmediata del ataque se deben cubrir los gastos de la recuperación, los tratamientos con dermatólogos, los injertos de piel y los tratamientos psicológicos para las secuelas que dejan estos ataques.
“Claro que debe haber una reparación y en dado caso que el agresor no tenga para darte la reparación, considero que el Estado debe indemnizar a cada persona que la atacaron, porque es un proceso del cual nos podemos recuperar un poco, pero definitivamente te arrebata la vida”, aseguró la saxofonista oaxaqueña.
Por su parte, la diputada del Partido Acción Nacional, Aurora Sierra Rodríguez, manifestó que se requiere elaborar un protocolo de actuación inmediata para atender los ataques con ácido, pues en muchos casos se desconoce con qué tipo de químico fue atacada la víctima.
También se necesita capacitar a los ministerios públicos para atender con perspectiva de género estos casos, pues en muchos de ellos se revictimiza a las mujeres, y los psicólogos que atienden los casos no tienen el trato adecuado con las víctimas.
Tras esta mesa de trabajo, la diputada panista se reunirá con los diputados Néstor Camarillo Medina, Tonantzin Fernández Díaz y Mónica Rodríguez Della Vecchia para elaborar una iniciativa por principio de concentración de las reformas que ya se presentaron para poder avanzar en comisiones de forma pronta.
