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jueves, noviembre 21, 2024

Líder del PSI insiste: No somos jueces, aceptamos a todos

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Pese a que existen informes policiacos y judiciales, así como una amplia difusión sobre las ligas de presuntos criminales con candidatos nominados por Pacto Social de Integración (PSI) —lo que derivó a su captura—, el dirigente de ese partido, Carlos Navarro Corro, justificó que en su instituto no son jueces para desacreditar o inculpar a alguien.

Al aceptar la invitación del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina para filtrar sus candidatos y evitar la infiltración del crimen organizado, el líder del partido político local aseguró que ellos solo son juzgados por las acciones que cometen los candidatos una vez que llegan a los cargos.

El líder del partido político local que ha sido vinculado en distintas ocasiones con actividades ilícitas como robo de combustible se victimizó al señalar que en cada elección a su partido lo señalan de estar coludido con grupos criminales. 

El diputado local dijo que al no contar con facultades para juzgar y determinar la responsabilidad en la comisión de delitos de quienes buscan participar bajo sus siglas no les impiden postularse a cargos de elección popular. 

Mencionó que PSI decide postular a todos sus perfiles derivado de un análisis del cumplimiento de los requisitos de su respectiva convocatoria, además de su competitividad. 

“Nosotros somos un partido político que da apertura a ciudadanos y ciudadanas que quieran participar en la vida política de su estado. No me extraña (estas acusaciones) porque esto escala cada tres años, cada que hay elecciones (…) Pacto Social de Integración siempre le dará la oportunidad a los hombres y mujeres que quieran hacer política”, dijo el dirigente de Pacto Social. 

 

ACATARÁN LLAMADO DEL GOBERNADOR

Carlos Navarro también comentó que en cada proceso electoral son invitados por el gobernador en turno para evaluar la procedencia de los perfiles que postulan, por lo que harán caso al llamado del gobernador Sergio Salomón, Céspedes Peregrina para revisar sus antecedentes en este proceso electoral. 

Remarcó que dentro de PSI no les negarán su derecho a participar a todo aquel ciudadano que busque competir por esta fuerza política que cumpla con todos los requisitos que marcan sus estatutos y el Código de Instituciones y Procesos Electorales de la entidad. 

“A nadie le vamos a poder negar su registro si cumple con todas las cualidades y todos los requisitos que piden las leyes electorales, no podemos negarle el derecho a nadie de registrarse cuando reúnen los requisitos”, asentó Carlos Navarro. 

En cuestión de candidatos, PSI ha estado alejado de las mejores decisiones en su vida política y eso quedó de manifiesta en 2013. En ese año, Carlos Navarro avaló la unción de Pablo Morales Ugalde como su candidato a la presidencia municipal de Palmar de Bravo, uno de los sitios con mayor actividad en cuanto al robo de combustible.  

El 6 de julio de 2017, el alcalde fue detenido por la Procuraduría General de la República por uso de recursos de procedencia ilícita producto del robo de gasolina, lo que lo vinculó con Roberto de los Santos de Jesús, El Bukanas, quien compartía el negocio del huachicol con El Toñín. 

En 2018, PSI confirmó la alianza con El Toñín al designar a Alejandro Martínez Fuentes —su hermano— como su candidato a edil de Quecholac, municipio donde se encuentra la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, centro de actividades delictivas de su nuevo aliado. 

Tras tres años de señalamientos por estar ligado a huachicoleros, en 2021 repitió su fórmula e impulsó la reelección de Alejandro Martínez, en Quecholac; en Palmar de Bravo repitió con Jacobo Román Sánchez; en Amozoc, postuló a la diputación local a Fernando Monterrosas; a Inés Saturnino López Ponce lo propuso como candidato a la alcaldía de Tecamachalco. 

Pero lo que detonó los escándalos con el crimen organizado fue lo ocurrido el 27 de septiembre de 2021, pues antes de que rindiera protesta por segunda ocasión como alcalde de Quecholac, Alejandro Martínez fue detenido por los delitos de obstrucción de la justicia, peculado y abuso de autoridad. 

Más de un año después, el 8 de noviembre de 2022, Inés Saturnino López fue detenido por su presunta participación para impedir la detención de El Toñín, en un operativo montado por la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado. 

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