Luego de que el diputado local del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, propuso la implementación de la “Ley Lepe” para que se castigue a los funcionarios públicos que sean omisos en la regulación de la venta de bebidas alcohólicas sin permisos, el alcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez manifestó que la plantilla de supervisores de Vía Pública y Normatividad es escasa para poder evitar esta práctica en su totalidad.
Rivera Pérez rechazó que la Comuna poblana haya sido omisa en los operativos de inspección en establecimientos comerciales, así como en tianguis, mercados y restaurantes de la ciudad, donde prolifera la venta de alcohol sin las licencias correspondientes.
El munícipe aseguró que en caso de que la propuesta fuese presentada ante el Pleno del Congreso y se aprobara, el gobierno municipal haría cumplir la nueva ley en la medida de sus posibilidades, aunque difirió en la opinión del legislador sobre que el Ayuntamiento de Puebla no ha interferido en el tema.
“Difiero de que somos omisos, lo que he comentado es que la cantidad de supervisores que se requieren en el gobierno de la ciudad para verificar en un solo momento todos los antros, todos los tianguis, todos los mercados, todos los restaurantes, para verificar el uso correcto de las licencias o no licencias, respecto a que puedan vender el alcohol, es prácticamente imposible, respeto la opinión del diputado, estaremos al pendiente de la decisión del Congreso y una ley es para todos”, dijo.
La propuesta del legislador panista consiste en realizar reformas al Código Penal bajo el título de “Ley Lepe”, en alusión al secretario de Gobernación municipal, Jorge Cruz Lepe, con quien ha tenido rencillas por acusaciones de la falta de supervisión a puestos ambulantes y tianguis, principalmente, donde se comercializan bebidas alcohólicas de forma indiscriminada.
El dictamen plantea castigar con penas de 2 a 5 años de prisión al funcionario público que incurra en omisiones y no atienda los reportes ciudadanos que soliciten vigilancia en el cumplimiento de la venta de bebidas alcohólicas en comercios.
También busca que se castigue con prisión de 3 a 6 años al que venda o tenga actividad lucrativa por distribución de bebidas alcohólicas sin permiso o licencia de la autoridad correspondiente. En tanto que, a quienes consuman en lugares sin permiso para la enajenación de bebidas alcohólicas, se les aplicará una sanción de 6 meses a un año de prisión.
La iniciativa surgió a raíz de que, en octubre del año pasado, más de una decena de estudiantes de secundaria y preparatoria resultaron intoxicados durante una fiesta clandestina con venta de bebidas alcohólicas realizada por la agrupación Cabrito’s Social Group, en el salón Country de la colonia San Manuel.
A partir de ahí, el legislador comenzó con la divulgación de diversas fotografías y videos ciudadanos que denunciaron la distribución e ingesta de alcohol en negocios clandestinos, ubicados principalmente en la periferia de la ciudad y que lo mismo vendían a menores de edad.
Uno de estos casos desencadenó en el fallecimiento de un hombre en el tianguis de Granjas San Isidro, luego de que recibiera disparos hasta en siete ocasiones debido a una riña que protagonizó con otros sujetos que se encontraban en el lugar donde se vendían micheladas pese a estar prohibido.
