Publicado originalmente por Elena San José en El País, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico:
La ministra se niega a eliminar un párrafo de un proyecto que pretendía salvar la posibilidad de reabrir juicios cerrados, pese a la petición de la mayoría.
Es la primera vez que una ponente se impone al pleno. La ministra Lenia Batres ha emprendido una cruzada para lograr reabrir los juicios cerrados que partieron originalmente de un hecho fraudulento. El pleno de la Suprema Corte se partió en noviembre, cuando debatió la cuestión por última vez, y la mera posibilidad de que saliera adelante llevó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y a algunos dirigentes de Morena a marcarle los límites a los juzgadores salidos de las urnas. Aquel proyecto quedó aplazado y está pendiente de resolución, pero este lunes el asunto ha vuelto al centro de la mesa con una ponencia de Batres que incluía un párrafo en ese sentido, a pesar de que no guardaba relación con el fondo de la cuestión que se discutía: si el Alto Tribunal puede revisar sentencias dictadas por las extintas Salas en juicios de amparo directo. El Pleno ha rechazado por unanimidad ese supuesto, pero la cosa se ha enconado en el párrafo en cuestión, que la ministra se ha negado a retirar pese a la petición de siete de sus nueve compañeros.
Es la primera vez en la historia de la Corte que un togado rechaza ajustar su texto pese a encontrarse en minoría absoluta, según los juristas consultados. El atrincheramiento de la ministra ha desembocado en una solución salomónica confusa que, sin embargo, sentará un precedente. El párrafo se mantendrá en el proyecto aprobado, contra el criterio de la mayoría, pero en el documento que firmarán los jueces quedará reflejado la disconformidad con la polémica cláusula, que no vinculará jurídicamente a los ministros. “Es como si la ley que se publicara tuviera el proyecto original, pero los artículos válidos tuvieran que destilarse de las consideraciones”, resume el jurista Fernando Sosa Pastrana. La jueza, que será la próxima presidenta del Supremo, ha abierto la puerta a que, en el futuro, cualquiera de sus colegas se niegue a respetar la voluntad mayoritaria, pues pasa a considerar los proyectos propiedad de los ponentes, y no del pleno.
El párrafo que ha levantado polvareda establece que el pronunciamiento sobre la revisión de las sentencias no tiene implicaciones “sobre el criterio que la nueva integración de la SCJN pudiera adoptar en torno a la figura de la cosa juzgada fraudulenta”, una inclusión innecesaria, según le han señalado sus pares, que sin embargo pretende allanar el terreno para su postura de cara al próximo debate sobre el proyecto aplazado, que gira en torno a la aplicación de la “nulidad de juicio concluido” a un proceso mercantil cerrado.
En la cláusula se puntualiza que ese concepto está previsto expresamente en algunas legislaciones, e “implícitamente” en otras, una fórmula que no ha pasado por alto Yasmín Esquivel, quien se opone con más contundencia a la posibilidad de reabrir juicios. La ministra ha rechazado la disposición, contraria a la jurisprudencia del Alto Tribunal sobre esta figura, y ha remarcado que no hay todavía una resolución con votos suficientes que interrumpa o ponga fin a ese precedente.
La votación en noviembre sobre esta cuestión dejó una Corte dividida prácticamente por la mitad: cinco ministros empujaron a favor de reabrir hechos juzgados y cuatro, en contra. Hacen falta, sin embargo, seis votos para generar un criterio de obligado cumplimiento, por lo que el sector que encabeza Batres no cuenta todavía con la fuerza suficiente. Algunos ministros, como el presidente, Hugo Aguilar, Loretta Ortiz o Irving Espinosa, que en su día apoyaron la reapertura de juicios bajo el supuesto de fraudulencia, esta vez se han apartado de la ministra y han argumentado que la figura traída a colación por Batres debe debatirse en otro momento.
“Yo también soy de la idea de que la nulidad de juicio concluido es un tema distinto, la cosa juzgada se tiene que entender por separado, de manera autónoma. (…) Yo también, entonces, creo que no es oportuno, no abona al tema, el párrafo 52, porque es otro tema, otro debate”, ha puntualizado Aguilar. En el mismo sentido se ha pronunciado Ortiz, que ha hecho referencia a su propio proyecto, pendiente de resolución. “En un asunto que se va a analizar, su servidora, precisamente, va a tratar ese tema, entonces yo creo que para ese momento es cuando debe discutirse”, ha abundado: “La nulidad del juicio es una figura distinta a la cosa juzgada”.
El pleno ha sorteado el último envite de la ministra Batres sobre la cuestión, pero el asunto se mantiene en el aire, a la espera de que Loretta Ortiz lleve de nuevo a una sesión el proyecto pendiente. Esa propuesta no convoca la unanimidad que ha llevado a los ministros a rechazar este lunes reabrir juicios concluidos por sus antecesores y anticipa otro debate encarnizado. Si ningún ministro cambia de posición con respecto a la votación de noviembre, la posibilidad de abrir juicios bajo el supuesto de que partieron de un hecho fraudulento quedará tumbada.
Quienes empujan a favor de hacerlo se enfrentan a dos problemas: el primero, que pretenden aplicar una norma civil a un caso mercantil y, el segundo, que plantean usar supletoriamente una norma local a una federal, como apuntaron algunos ministros en otoño. La jurisprudencia del Tribunal indica que esa acción de nulidad “es improcedente cuando la legislación procesal no la contempla, incluso bajo el supuesto de proceso fraudulento”. Para un sector de la Corte, sin embargo, la aspiración de justicia está por encima de los procedimientos concretos que la delimitan, en caso de conflicto. Este lunes el pleno ha dado un respaldo unánime al principio de cosa juzgada, pero el pleito continúa todavía abierto en el otro frente.
