Colectivas feministas de Puebla ganaron un amparo para que las mujeres puedan someterse a la interrupción legal del embarazo en instituciones públicas y privadas en el estado. Con esto, todas las mujeres o personas gestantes que acudan a los servicios de salud y sean asesoradas por estas organizaciones, tendrán derecho de continuar con su proceso.
En rueda de prensa, las representantes de las colectivas Gire, Cafis, REDefine y Coatlicue Siempre Viva dieron a conocer que en octubre de 2022 se tramitó esta demanda ante un juez federal y recientemente fue aprobada.
El avance para las colectivas feministas destaca debido a que el gobierno del estado desistió de la revisión de dicho amparo, por lo que ahora se encuentra firme y en todas las instituciones de salud públicas y privadas se pueden y deben ofrecer estos servicios a quienes lo soliciten.
Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), expuso que el 8 de marzo las organizaciones civiles y colectivas feministas ganaron un amparo, con lo que las mujeres no podrán ser criminalizadas por abortar o ayudar a que alguien más interrumpa su embarazo, en el caso de que el personal médico interponga una denuncia acusando la comisión de un delito.
La activista apuntó que el juez, en su resolución, explicó que, aunque la Constitución Política del Estado reconoce “la vida debe ser protegida desde su concepción”, esto no implica que deba utilizarse el derecho penal para sancionar a quien decide interrumpir su embarazo.
“Esperamos que con esta resolución del juez de distrito que está basado en lo que ya resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2021, el Congreso en el Estado y los Servicios de Salud cumplan a cabalidad sus obligaciones y por una parte reforme en el Código Penal para dejar de considerar el aborto voluntario como un delito y se presten los servicios de salud en las instituciones públicas para todas aquellas personas que lo requieran”, expresó Rebeca Ramos.
Cynthia Ramírez, de la organización REDefine Puebla, hizo énfasis en que el Congreso del Estado reforme el Código Penal local con base en la sentencia de la SCJN, que establece la inconstitucionalidad de la criminalización absoluta del aborto y del uso del derecho penal para prohibirlo.
Apuntó que ha sido en la actual legislatura en la que se ha evidenciado más la negativa de los diputados locales para que se legisle sobre el tema del aborto, ya que en la LX Legislatura (2018-2021) se presentaron seis iniciativas de reforma, mientras que en la actual solo se han subido al Pleno dos propuestas modificatorias, por lo que hizo el llamado para retomar los debates y foros, con el objetivo de que este tema sea discutido en el Poder Legislativo de Puebla.
