En el corazón de Puebla, una sombra de corrupción se cierne sobre la administración que hasta hace poco presidió Eduardo Rivera Pérez, dejando un rastro de gastos millonarios en contratos opacos y decisiones cuestionables. Dos temas destacan entre las controversias que la Auditoría Superior del Estado (ASE) podría revelar en marzo, marcando pendientes de presunta corrupción que el candidato de “Mejor Rumbo para Puebla” arrastrará en la campaña.
Estos temas refieren al gasto inflado de 35 millones de pesos en solo ocho meses para la adquisición de box lunchs a una empresa que fue beneficiada mediante contratos por adjudicación directa, al igual que un faltante del 37.6 por ciento en el número de vehículos del corralón que, al intentar venderse, nadie en la Comuna pudo justificar su localización.
Mientras se organizaba el banquete, la administración panista también enfrentó acusaciones por la entrega de un contrato por adjudicación directa de 22.4 millones de pesos a Vital Led Iluminación para el servicio de alumbrado público de la ciudad, que representó un sobrecosto de más de 9 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.
En tanto que un contrato adjudicado bajo el mismo modelo para el retiro y vigilancia de mil 600 cámaras de vigilancia en 2022, añadió más suspicacias a la gestión panista, inclusive siendo señalado desde la tribuna del Congreso del estado por el legislador Iván Herrera por la entrega “en lo oscuro” del convenio a la compañía Atria Solutions.
En este sombrío panorama, la empresa Remedios Producciones y Asociados es otro factor clave. Con el empresario Manuel Peñaloza García, la compañía recibió en los últimos años al menos 23 millones de pesos en contratos con la gestión de Eduardo Rivera, encargándose de organizar eventos públicos para dependencias sin contar con oficinas físicas y recibiendo desde el día tres de la administración un primer contrato de forma directa, aparentemente, también simulando competencia.
LAS ANDANZAS
Uno de los casos señalados como presunta corrupción en la administración que presidió Eduardo Rivera Pérez, fue el gasto con sobrecosto de más de 35 millones de pesos para el contrato de box lunch, presuntamente para burócratas de la Comuna.
Según la información señalada en el Cabildo, cada uno de los 10 mil trabajadores del Ayuntamiento de Puebla debería haber recibido en promedio 32 paquetes en los diez meses del contrato firmado por la Comuna o de otra manera, no se explica el costo de 2 mil 800 pesos por cada paquete entregado, inclusive cuando algunos trabajadores no recibieron kits de alimentación, a pesar de haber trabajado jornadas con horas extras durante el año.
Uno de los temas que pesa a la administración municipal fue la opacidad del expresidente municipal respecto a la asignación directa de un contrato para el retiro y revisión de mil 600 cámaras de videovigilancia con la empresa Atria Solutions.
De acuerdo con la información denunciada por diputados locales, la adjudicación fue a la compañía antes mencionada, la cual recibió 22.5 millones de pesos, sin contar con oficinas físicas en el domicilio señalado en Xalapa, según su acta constitutiva.
A esto se suma que dos empresarios, José Octaviano Fajardo y José Cirio Hernández Munguía, quienes obtuvieron seis contratos durante la administración de Rivera Pérez, se convirtieron de contratistas municipales a mecenas políticos, al entregar sospechosas “aportaciones voluntarias” para la precampaña a la gubernatura de Eduardo Rivera Pérez, dejando dudas sobre un acuerdo oculto.
Entre los pendientes de corrupción que deberá aclarar el edil se encuentran las múltiples contrataciones a la empresa Remedios Producciones y Asociados S.A de CV, que recibió al menos 23 millones de pesos en tan solo dos años, con procedimientos de adjudicación que generan intriga.
Además de haber organizado el destape de Rivera a la gubernatura con recursos públicos, la empresa destaca por haber sido beneficiada desde el día tres de la gestión, pasando posteriormente por seis contratos de forma directa, mientras que el socio mayoritario de la firma, comparte participación en los mismos contratos municipales con otras dos compañías cuyos dueños no ocultan su relación de amigos, lo que revela un velado conflicto de interés para conseguir licitaciones a modo.
Lo que se mantiene en una completa incógnita es también la localización de más de 3 mil vehículos chatarra que misteriosamente desaparecieron del corralón municipal, en medio de un contrato otorgado por el Ayuntamiento por 23.4 millones de pesos para su venta a una empresa.
Las sospechas aumentan al considerar que fue contratado en junio de 2022 un peritaje con la persona física Leonardo Díaz Flores por un monto de 250 mil pesos, el cual respaldaba la existencia de 5 mil 602 vehículos, aunque más tarde, ante la desaparición de los mismos, la administración optó por acusar a la exalcaldesa Claudia Rivera por no encontrarlos.
EN LA MIRA DE LA ASF
El primer palo en contra de Eduardo Rivera inclusive ya se dio en 2023, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó irregularidades por 9.5 millones de pesos en el contrato de alumbrado público durante los primeros tres meses de la gestión panista del Ayuntamiento de Puebla.
El informe señaló que el contrato con la empresa Vital LED Iluminación, ligada al empresario favorito del marinismo, Edgar Nava, no fue incluido dentro de los montos mínimos y máximos para la adjudicación directa dentro del presupuesto de Egresos de la Comuna del ejercicio fiscal 2021.
Del monto total de 22.5 millones, la ASF identificó que hubo 9 millones 598 mil 895 pesos que representan un posible sobrecosto, además de que le fueron impuestos al gobierno municipal actos de promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, debido a que no fundamentaron el motivo para adjudicar de forma directa a la empresa, la cual además estaba impedida para ser contratada, pues no estaba inscrita en el Padrón de Proveedores del municipio previo a la firma del convenio.
Una de las observaciones más importantes radica en que Vital LED mantenía vínculos comerciales con otra empresa que también envió su cotización para encargarse del servicio de alumbrado público en la Angelópolis.
Dicha compañía, de la cual la ASF no reveló su nombre, compartía desde 2019 al mismo apoderado legal que Vital LED Iluminación, lo que implicaría otro caso de simulación de competencia.
