Es difícil tener la certeza. A veces, las pistas están en la última ubicación, en una advertencia, en una frase que suelta al vuelo la Fiscalía. También en las historias, las decenas de historias que escuchan, que les cuentan: tu hijo está en la sierra, en un campamento en el cerro, en un rancho con ellos, con los malandros, yo lo vi. Las familias atienden. Sus hijos, esposos, hermanos desaparecieron y, por un lado, la posibilidad de que estén en uno de esos sitios, reclutados forzados por el crimen organizado, es terrible.

Pero a la vez es un alivio, porque significa que están vivos. “El fiscal me lo dijo: los tienen amarrados, cavando pozos, torturados… A otros los matan. Y a otros los tienen en las carreteras, como halcones”, dice Rosalba Cruz, madre de un muchacho desaparecido en Mazatlán, hace poco más de un año.

Este esquema se repite desde hace tiempo en Mazatlán, la turística ciudad del sur de Sinaloa, y también en Puerto Vallarta, su espejo en Jalisco. Decenas de familias que buscan a los suyos señalan que el crimen se los llevó para engrosar sus filas, alivio y maldición. En Sinaloa, las batallas internas del crimen local explican las agresivas campañas de captación de sus facciones, que han visto en los centros de rehabilitación de adicciones un semillero ideal para sus intereses. Por su lado, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) apuntala sus interminables ansias expansionistas en su feudo, el corredor que va desde los Altos hasta la costa, donde los campos de entrenamiento y tortura trufan el paisaje, con ejemplos muy cercanos, como el Rancho Izaguirre o el de La Vega.

En la geografía criminal de estos grupos delictivos, los dos más grandes del país, Vallarta y Mazatlán fungen el mismo papel. Son destino turístico y puerto de entrada de droga y precursores. Enmarcados por la arena de sus playas y vigilados por las sierras donde se esconden los laboratorios, las fosas y los ranchos, se han consolidado como un punto clave para los negocios legales e ilegales que permiten el funcionamiento financiero de los cárteles. De esos territorios controlados se llevan con facilidad a los muchachos. El poder que el CJNG tiene en Puerto Vallarta quedó claro con la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, cuando el operativo del Ejército encontró su mayor venganza en esta costa. Por su parte, Mazatlán, antaño feudo de Los Chapitos, sufre ahora las peleas fraticidas entre las facciones del Cartel de Sinaloa, que se extienden a otros municipios del sur y alcanzan a la sierra, principalmente Concordia.

Hay un hecho irrefutable, coinciden familias e investigadores, y es que el control del territorio requiere cuerpos, muchachos jóvenes, carne de cañón. ¿Cuántos? No se sabe. El Gobierno no registra cifras de jóvenes esclavizados por el crimen, tampoco de cuántos pueblan sus filas en general. El científico mexicano Rafael Prieto disparó la polémica al calcular —con un modelo matemático— que son 183.000 integrantes, lo que implica unos 300 reclutados cada semana para poder mantener un tamaño criminal, que, según sus investigaciones, crece año con año. “Todo lo que pasa es porque los muchachos no quieren estar en el crimen organizado, los están obligando”, dice convencida Emma Alvarado, que busca a su hijo Javier Placencia, al que se le perdió el rastro en Puerto Vallarta en junio de 2020: “Por eso, en lugar de ir disminuyendo, las desapariciones van en aumento, porque tienen que agarrarse de la desaparición forzada para poder tener gente”.

En la joya turística de Jalisco, el Gobierno cuenta 423 personas desaparecidas no localizadas desde 2010, un número que llega a 1.630 en Mazatlán. En ambos casos, el 90% son hombres. En Jalisco y Sinaloa se concentran dos de los mayores reportes por desaparición en el país, con más de 20.000 casos desde que hay registro, 15.600 de ellos solo en los últimos 15 años. La desaparición se ha convertido en una práctica común para el crimen organizado, es una técnica de control territorial, un engranaje necesario para conquistar un territorio. Es también, en muchas ocasiones, el único registro que queda de todos aquellos a los que esclavizó el narco.

El Sapo y Puerto Vallarta

La familia de Filiberto Nolasco en Puerto Vallarta entró en pánico el pasado 22 de febrero, no por ver su ciudad tomada por el CJNG, sino porque en un vídeo del enfrentamiento con el Ejército, uno de los integrantes del crimen que aparecía muerto era igual que Filiberto. Hace justo dos años que se lo llevaron y que su familia sabe que lo tiene el crimen organizado. Recibieron al mes una llamada y la primera prueba: “Se le levantó por error, pero se va a convertir en una cuota”, decía la voz, antes de enviar una foto del joven, de 33 años, hincado sobre sus rodillas. Fue el pasado diciembre cuando llegó la segunda: era una imagen de él, descuidado, de pie, con un cartel entre las manos: “Ayúdame porque me van a matar”. “Muchos me dijeron que podía ser un fotomontaje, pero yo conozco sus manos, sus dedos. Yo siempre he sentido que él está vivo”, narra su esposa, Susana Muñoz, que consiguió que la Fiscalía localizara esta última llamada en Hidalgo, otro de los territorios controlados por el CJNG.

A Filiberto, que trabajaba por su cuenta limpiando y pintando coches, se lo llevó el 9 de marzo de 2024 una patrulla de policía municipal, a mediodía frente a su casa, junto a otro hombre. Después de una lucha constante, Susana ha conseguido que la corporación reconozca que fueron ellos quienes lo detuvieron y quienes nunca lo llevaron a la comandancia. La mujer ha averiguado el número de patrulla y los nombres de los agentes, pero aún no ha conseguido que estos sean detenidos. Uno de ellos incluso “cuida” la zona de la escuela de su hija todavía. Su historia es un nuevo ejemplo de que el control territorial del crimen incluye, también, a las fuerzas de seguridad.

Es esta colusión la que impidió a Liliana Ibarra durante meses poner la denuncia por la desaparición de su hijo, Jonathan Araiza, de entonces 18 años. El muchacho, ladrillero, se había mudado con una novia hacia Ixtapa, a pocos kilómetros de donde vivía con su familia en Puerto Vallarta. Un 3 de septiembre de 2024, la mujer recibió un mensaje de la chica: “Se llevaron a su hijo. Le recomiendo que no haga denuncia, no haga nada”. Liliana aguantó la desesperación y el miedo durante tres meses, hasta que conoció a Emma Alvarado, quien había fundado el colectivo Una luz para nuestros desaparecidos Puerto Vallarta, para empujar la búsqueda de su hijo Javier Placencia. A Javier se lo llevaron un 5 de junio de 2020, el mismo día que a otras cinco personas. “Mi hijo ya tenía 41 años. Pienso que el reclutamiento puede ser por sus habilidades: él era técnico en refrigeración, era bilingüe 100%, y en la ciudad de Puerto Vallarta, se dan mucho los fraudes de los call centers. Otro de ellos era químico, él mantenía las albercas en los hoteles”.

La sospecha de que el crimen organizado se lleva a los muchachos por sus habilidades no es nueva. En Jalisco, según recoge Alejandra Guillén en su tesis Territorios de desaparición. Campamentos de esclavitud y dominación en Jalisco, empieza desde 2013 cuando pobladores de la zona de Tala identificaron que estaban desapareciendo a jóvenes “fuertes, campesinos”: “Llegó un punto en que la percepción de la población es que se los acabaron. De manera que llegó otra estrategia en 2017, capturar con engaños de trabajo a hombres de diversos puntos de Jalisco y del país, para posteriormente desaparecerlos, entrenarlos como sicarios, esclavizarlos o eliminarlos”.

El Sapo es el nombre más temido en esta zona, controla de Tala a Puerto Vallarta, pasando por Teuchitlán, y dirige las redes de reclutamiento forzado. El hallazgo del rancho Izaguirre lo hizo saltar el año pasado a las primeras planas nacionales, pero llevaba años en la mira de las autoridades de México y Estados Unidos. Está identificado como uno de los cabecillas de más alto rango del CJNG y como un posible sucesor del Mencho tras su muerte.

Camino a Concordia

En Mazatlán, la sospecha nació a finales de 2024, en los primeros meses de guerra entre las dos facciones principales del Cartel de Sinaloa, Los Chapitos y La Mayiza. Feudo de los primeros, sus huestes empezaron a buscar nuevos reclutas sin descanso. La urgencia del grupo descartaba procesos habituales del CJNG en Jalisco, más pausados.

Las fosas clandestinas de Concordia acapararon la actualidad en México entre finales de enero y principios de febrero. La desaparición de diez mineros en el municipio y el posterior hallazgo de los cuerpos de siete de ellos hicieron temer lo peor a decenas de familias de la zona. La Fiscalía apenas ha informado de más identificaciones. Pero ese nombre, Concordia, se repite entre las historias de las familias.

“No sé qué pasó, pero cuando llegaron al punto ya no había nada”, dice la mujer, que piensa que una fuga de información puso en alerta a los criminales. Las sospechas sobre la Fiscalía trufan cada caso. “La Fiscalía del Estado les da información a ellos”, dice Linarte, en referencia a los criminales.