La trama inventada por la familia Jenkins de Landa del presunto intento del gobernador Miguel Barbosa Huerta y el abogado Roberto Gil Zuarth para hacerse del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins –difundida por la revista Proceso– ha quedado exhibida como una estrategia de los expatronos para desviar la atención del desfalco que provocaron a la institución de beneficencia privada.
El representante del despacho jurídico Accuracy Legal & Consulting desmintió los señalamientos realizados en el semanario nacional, y exhibió una serie de contradicciones en cuanto a fechas y montos involucrados en el conflicto que atraviesa la institución desde hace 10 años.
El exsenador echó abajo la trama ficticia creada por los Jenkins de Landa al revelar un audio en el que el abogado de la familia, Virgilio Rincón Salas –denunciado por el nuevo patronato de la Udlap por operaciones de delincuencia organizada–, y el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, le piden ser el intermediario en el conflicto jurídico para poder recuperar el control del patrimonio de la fundación.
“Reiterarte que, la familia Jenkins, por el simple hecho de que me hayan autorizado a mí, de hecho, lo hablaron con el doctor (José Ramón) Cossío que está autorizado de participar, están dando la única representación que han dado desde el inicio del conflicto al día de hoy para tratar de solucionar esto”, reveló Gil Zuarth a través de un audio con el periodista Ciro Gómez Leyva.
La comunicación, a decir del exlegislador en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión se dio en las fiestas decembrinas de 2021, en la que Roberto Jenkins de Landa solicitó que solamente se diera la mediación con Gil Zuarth para lograr una resolución favorable.
“Roberto Jenkins y la familia me dijeron algo que te lo quiero transmitir tal cual me lo dijeron: ‘Si estas pláticas no son con Roberto Gil Zuarth no te autorizamos a que te sientes con nadie’ y creo que a ti también te lo dijeron doctor Cossío”, se escucha en el audio que el panista reprodujo en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva.
El abogado enfatizó que el conflicto jurídico y las denuncias penales no fueron presentados por él, la Fiscalía General de la República ni el gobernador Barbosa Huerta, pues el conflicto inició al interior de la propia familia Jenkins de Landa desde hace 10 años por el manejo del patrimonio de la fundación, que han intentado manejar como una herencia.
Refirió que, en el caso de la Fundación Mary Street Jenkins, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó que la familia y sus abogados montaron una simulación para poder sacar el dinero de la Fundación y trasladarlo a un paraíso fiscal. Este mecanismo los llevó a evadir impuestos y, por consiguiente, fueron sujetos a un crédito fiscal por 650 millones de pesos.
“En lugar de que se sutilicen los recursos, el dinero, los fondos para la educación, la cultura, la asistencia social, hoy ese dinero está en manos de particulares para comprar casas en el extranjero y yates lujosos, ese es el debate jurídico que está detrás de ese tema”, dijo el exlegislador federal.
Gil Zuarth consideró que, con las publicaciones y filtraciones hechas en días recientes, la familia Jenkins de Landa busca generar la percepción de que intentan quitarles el patrimonio que “se llevaron” a través de simulaciones.
Agregó que, durante su encargo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo no abrió la investigación que le encargó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de la Fudlap.
PROCESO RECONOCE ERRORES EN REPORTAJES
Otro personaje que fue ligado a Gil Zuarth –e indirectamente a la trama de la Udlap– fue el senador Germán Martínez Cázares, pues en el reportaje Un grupo panista, bajo la lucrativa sombra de Germán Martínez se le menciona como socio en el despacho legal Accuracy Legal & Consulting.
En dicho texto, se sienta que Martínez Cázares recibió en 2012 alrededor de 26 millones de pesos de parte del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en Tamaulipas, por defenderlo de acusaciones de delincuencia organizada a través del despacho legal que maneja junto a Gil Zuarth.
Sin embargo, el legislador federal aclaró para el periodista Ciro Gómez Leyva que ese tema ya lo había manejado en su momento Álvaro Delgado Ramírez, excolaborador de Proceso, señalando a otra persona de recibir dinero del gobierno de Tamaulipas, y no a él.
“Yo me comuniqué molesto con el director de Proceso, Jorge Carrasco, y le comuniqué que esa cantidad de dinero del gobierno de Tamaulipas yo no la recibí y que son cantidades millonarias, y Jorge Carrasco me dijo ‘es evidente el error de atribuirle a usted responsabilidad en esa operación’; el director de Proceso desmiente a su propio reportero en notas donde se revuelve, donde se calumnia, donde se buscar tiznar, manchar”, expuso Martínez Cázares.
