La Unidad Técnica de Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) recibió dos denuncias por presuntas responsabilidades administrativas en la adquisición de una camioneta y la contratación del servicio de comedor.
El diputado Miguel Trujillo de Ita, presidente de la Comisión de Control y Vigilancia de la ASE en el Congreso local, informó que ambas compras se efectuaron sin licitación y con sospechas de sobrecostos.
Los asuntos se dieron a conocer en el informe anual de la Unidad Técnica del ejercicio 2024, presentado a diputados locales la semana pasada.
“Hay un tema en la adquisición de una camioneta que ustedes ya tienen conocimiento y también la situación del comedor, que también por ahí un tema (…) no se licitó y ahí hay un tema y se está investigando si los montos fueron los adecuados o no”, declaró el diputado morenista.
Dichas quejas se suman a las investigaciones por presuntas irregularidades detectadas en la ASE, como la posible compra de una camioneta y la contratación del servicio de comedor, durante las pasadas gestiones de Amanda Gómez Nava y Francisco Romero Serrano.
El legislador explicó que los trabajadores del órgano fiscalizador siguen en funciones mientras se desarrolla la determinación, pero la Unidad Técnica no reveló la identidad de los denunciados y simplemente informó que es un proceso por posible responsabilidad administrativa.
La Unidad Técnica de Evaluación analizará la documentación y determinará si existen elementos suficientes para sancionar a los involucrados.
Dicha unidad es la encargada de vigilar a la ASE desde el Congreso de Puebla y determinará si hubo alguna irregularidad en el periodo de la exauditora Amanda Gómez Nava, quien fuera contralora en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta y consiguió el aval del Congreso para ser la auditora superior el 19 de mayo de 2022.
La exfuncionaria no cumplió con el periodo para el que fue designada, pues el 23 de octubre presentó su renuncia “por motivos personales”, luego de una ríspida comparecencia ante diputados en la que fue increpada por las irregularidades financieras, como el caso del Banco Accendo.
Mientras tanto, el Congreso local podría solicitar más información sobre el procedimiento de compra y contratación de servicios.
