La indefinición del género en las convocatorias de Morena para la selección de candidatos a las nueve gubernaturas que estarán en juego en 2024 provocaría una serie de inconformidades de aquellos aspirantes que sean marginados y eso los llevaría a los tribunales electorales por una evidente violación a sus derechos político-electorales.
Lo anterior fue dado a conocer por el exconsejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños Martínez, quien advirtió que lo más recomendable sería que antes de iniciar el proceso interno en los nueve estados con la publicación de las reglas, la dirigencia nacional de Morena definiera el género de cada candidatura.
En entrevista para el programa de radio Sencillamente Hipócrita, explicó que una de las posibles razones que llevó a Morena a esta indefinición está en su necesidad de evaluar a todos los aspirantes, sean hombres o mujeres, y así decidir por la mejor carta.
Eso, sin embargo, provocará que al final se imponga un género y los políticos inscritos que no cumplan con el perfil serán descalificados. “Van a decir: Para qué me pides que me inscriba si al final me vas a decir que no”, aseveró.
La gravedad de esta indefinición, explicó Baños Martínez, radica en que aquellos que sean desplazados podrían recurrir a los tribunales electorales para impugnar la violación a sus derechos político-electorales ante la falta de claridad en las reglas.
Todo esto llevaría a que la definición de las candidaturas corra a cargo en instituciones ajenas a Morena, es decir, en los tribunales electorales.
Como se recordará, el martes pasado, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que el próximo 18 de septiembre se dará a conocer la convocatoria para la elección de los coordinadores estatales de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Chiapas y Yucatán.
Baños explicó que el registro de los aspirantes será el 25 y 26 de septiembre y podrán acudir todos aquellos que estén interesados. Esto abrió la posibilidad de que las convocatorias sean dadas a conocer sin definir previamente el género de cada uno, lo que desencadenaría en un conflicto jurídico si es que los inconformes deciden impugnar los procesos.
