Lo que alguna vez fue un valle fértil, hoy enfrenta una emergencia silenciosa: en Santa Clara Ocoyucan, municipio colindante con la zona de desarrollo más lujosa de Puebla, la población sobrevive entre el desabasto de agua y el despojo de tierras. La causa, según denuncias comunitarias y reportajes de medios locales, tiene nombre: Grupo Proyecta.
En esta región que colinda con Angelópolis, las inmobiliarias no solo han levantado fraccionamientos exclusivos, sino que han excavado profundos pozos para abastecerlos, sin considerar el impacto ambiental.
Según testimonios de habitantes, son al menos cinco las perforaciones hechas por la desarrolladora en tierras que antes eran comunales, lo que ha derivado en el agotamiento de los mantos freáticos. El pueblo, hoy carece del recurso que más lo caracterizaba: el agua.
“El problema no es que no haya agua, es que ya no es nuestra”, dicen los vecinos. En entrevistas para La Jornada de Oriente, relataron cómo el crecimiento de los complejos habitacionales ha coincidido con el abandono de los pozos públicos. “Antes había dos pozos para todo el pueblo; hoy ni uno funciona. La constructora trajo su propia red”, comentan.
La controversia escaló recientemente con una declaración del gobernador Alejandro Armenta. En alusión al abasto hídrico de Lomas de Angelópolis, afirmó: “Ya les dimos mucha agua”.
La frase, aparentemente simple, revela conocimiento sobre el volumen de extracción clandestina que ocurre en la zona, donde los desarrollos privados operan al margen de la legalidad ambiental.
No es la única irregularidad. Desde las laderas de El Tenayo hasta los campos de Santiago Coltzingo —franja estratégica que colinda con Atlixco—, Grupo Proyecta ha ampliado su dominio territorial mediante prácticas que los vecinos califican como coercitivas.
Varios relatos coinciden: propietarios que se resistieron a vender fueron presionados con demandas penales o civiles; otros, simplemente intimidados hasta ceder.
A pesar de la magnitud del desplazamiento, muchos contratos de compraventa jamás fueron registrados ante el Registro Agrario Nacional. Notarios públicos, supuestamente cercanos al exgobernador Rafael Moreno Valle, facilitaron las transacciones, por lo que las tierras ejidales cambiaron de manos sin dejar rastro legal.
Incluso en 2018, el entonces titular de Conagua, Alberto Jiménez Merino, confirmó que Grupo Proyecta no contaba con autorizaciones para canalizar aguas residuales en uno de sus proyectos.
La Profepa llegó a clausurar temporalmente las obras, pero las sanciones no detuvieron la operación del canal de descarga. Lo más grave es que este vertimiento terminó en una barranca contaminada, cuyos escurrimientos llegan al río Atoyac y la presa Manuel Ávila Camacho, según denunció la organización “Dale la Cara al Atoyac”.
Además, en una reciente declaración, el gobernador Armenta reveló que la familia Posada Cueto —vinculada al consorcio inmobiliario— fue beneficiada en la década de los 90 con la expropiación de hasta 10 mil hectáreas que antes pertenecían a campesinos de Cuautlancingo, Coronango y Puebla.
Estas tierras, dijo, fueron pagadas a precios irrisorios con apoyo del aparato estatal. Por ello, el mandatario estatal exigió la restitución mínima de una parte de esas tierras.
Propuso que Grupo Proyecta donara al menos dos hectáreas para construir viviendas para policías y en caso de negarse, advirtió, se procedería con la expropiación del doble de esa superficie.
No obstante, el mandatario recientemente reculó de esa petición, luego de que otras empresas han accedido, como Grupo Haras, que cedió un terreno, y otros desarrolladores que aportaron predios en Huejotzingo.
