El Gobierno de Puebla reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, tras la sentencia por el fraude del Banco Accendo, que afectó al erario estatal y derivó en sanciones contra exservidores públicos.
En un comunicado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Alejandro Espidio Reyes, destacó que en Puebla “nadie está por encima de la ley” y subrayó que todo funcionario o institución debe actuar conforme al marco legal vigente, sin importar su cargo o filiación política.
Espidio Reyes enfatizó que el Gobierno del Estado de Puebla actúa con determinación ante cualquier delito o conducta ilícita, siempre bajo los principios de un Estado democrático de derecho, el debido proceso y la presunción de inocencia.
“En Puebla no hay persecución, pero tampoco omisiones. La justicia y la integridad pública no tienen colores ni excepciones”, expresó el funcionario.
El pronunciamiento surge tras conocerse la inhabilitación de 20 años y la multa de 362.9 millones de pesos impuesta a la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, por su responsabilidad en la inversión de más de 600 millones de pesos de recursos públicos en el extinto Banco Accendo, que quebró en 2021.
El Gobierno de Puebla reiteró su compromiso con el respeto absoluto a la ley y con el pueblo poblano, garantizando que toda investigación o sanción se realice dentro de los cauces institucionales y con transparencia.
