El Gobierno de Puebla mantiene activos más de 100 juicios derivados de contratos heredados de administraciones pasadas, algunos con una antigüedad de hasta 20 años, informó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, al advertir que el impacto económico potencial asciende a miles de millones de pesos.
De ese total, 10 litigios concentran el mayor riesgo financiero, ya que en conjunto representan alrededor de 3 mil 500 millones de pesos que el estado podría verse obligado a pagar si no se logra una defensa jurídica favorable o acuerdos que reduzcan los montos.
Dentro de estos casos prioritarios, tres ya cuentan con sentencias firmes, emitidas en 2013, 2015 y 2023, por un monto cercano a mil millones de pesos.
Actualmente, explicó García Parra, la Consejería Jurídica del Estado analiza esos expedientes para negociar intereses y buscar acuerdos que eviten un mayor impacto a las finanzas públicas.
El funcionario señaló que, durante la revisión de los contratos, se identificaron irregularidades en la ejecución de obras, principalmente en conceptos adicionales o complementarios que fueron avalados por exfuncionarios, pese a que no se realizaron o no estaban contemplados en los contratos originales.
García Parra reconoció que, debido al tiempo transcurrido desde el inicio de varios procesos, algunas conductas administrativas o penales ya prescribieron; sin embargo, aseguró que el gobierno estatal continuará integrando expedientes para exhibir a las empresas y exfuncionarios involucrados.
Añadió que, incluso en los casos donde existan sentencias que obliguen al pago, el gobierno analizará acciones penales contra socios de empresas que, bajo distintas razones sociales, mantienen litigios simultáneos contra el estado, al considerar que podría tratarse de conductas para afectar el patrimonio público.
