El gobierno de Puebla ha presentado una iniciativa para endurecer las penas por el delito de despojo inmobiliario, tras el aumento de este tipo de delitos en el estado durante el último año. En conferencia, el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, detalló los aspectos clave de la reforma al Código Penal que busca fortalecer las sanciones y aumentar las agravantes en los casos de despojo.

La propuesta del gobernador Alejandro Armenta se enmarca en una respuesta a la creciente preocupación por los despojos inmobiliarios en Puebla, especialmente aquellos que afectan a personas vulnerables como adultos mayores, discapacitados, niños o comunidades indígenas. Según García Parra, la iniciativa amplía los supuestos agravantes que permitirán aumentar las penas, que actualmente van de tres meses a tres años de cárcel y multas que oscilan entre 586 y 5,865 pesos, dependiendo de la gravedad del caso.

Con la reforma, se establece que el delito de despojo podrá conllevar penas de seis a 12 años de prisión y una multa de 11,731 a 175,965 pesos. Además, se contempla un aumento de hasta 15 años de prisión para aquellos que financien o participen de forma intelectual en el delito de despojo, con una multa que puede llegar hasta los 351,930 pesos.

Uno de los puntos más destacados de esta reforma es la introducción de una agravante de finalidad lucrativa, en la que si el despojo se realiza con el fin de comercializar o vender la tierra robada, las penas pueden aumentar hasta en un tercio, llegando a una máxima de 20 años de prisión. El objetivo principal, según García Parra, es cerrar el paso a la corrupción y asegurar que se castiguen de manera efectiva las prácticas fraudulentas dentro del sistema inmobiliario.

La reforma fue enviada al Congreso del Estado el 29 de enero y está ahora en manos de los legisladores, quienes deben analizarla y someterla a su aprobación. El gobernador Armenta destacó que esta es una medida crucial para proteger los bienes de los poblanos y garantizar que los infractores enfrenten consecuencias severas por sus actos ilícitos.