El gobierno del estado de Puebla emprendió una ofensiva jurídica y administrativa para combatir el saqueo institucionalizado que, de acuerdo con autoridades estatales, fue heredado por gobiernos neoliberales durante más de una década.

El gobernador Alejandro Armenta afirmó que en ese periodo Puebla fue convertida en un “laboratorio de corrupción”, mediante esquemas financieros que comprometieron recursos públicos que debieron destinarse al campo, la educación, la seguridad y la infraestructura carretera.

“Da vergüenza que lleguen a cargos públicos para hacer un saqueo brutal”, expresó el mandatario, al señalar que a través de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) se sistematizó el despojo de recursos públicos en la entidad.

Armenta subrayó que su administración no actúa con fines de persecución política, ni incurre en omisiones o complicidades, sino que procede jurídicamente para resolver contratos y litigios heredados de décadas atrás. Como ejemplo, citó la resolución del caso del Museo Internacional del Barroco, que implicó un pago de 2 mil millones de pesos, pero permitió un ahorro histórico de 8 mil millones para el estado.

Por su parte, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que, por instrucción del gobernador, desde el inicio de la administración se implementaron acciones para frenar el saqueo financiero heredado por anteriores gobiernos.

Detalló que actualmente se trabaja en la terminación anticipada de contratos como el del Centro Integral de Servicios (CIS), vigente hasta 2037, por el cual ya se han pagado más de 2 mil millones de pesos, y que solo en 2025 representa un pago adicional de 259 millones de pesos. En el caso de Agua de Puebla, explicó que una cancelación anticipada implicaría una indemnización cercana a los 7 mil millones de pesos.

García Parra reveló además que, al inicio de la actual administración, se encontraron 89 litigios activos relacionados con obra pública, prestación de servicios, arrendamientos y pagos de facturas, con un monto total reclamado superior a los 5 mil 500 millones de pesos. De estos, 29 casos ya cuentan con sentencia firme, que representan más de mil 500 millones de pesos.

Finalmente, el coordinador de Gabinete afirmó que no se permitirá que servidores públicos o empresas privadas se beneficien del gobierno en detrimento de la población. “Pasaremos de la deuda oculta y el saqueo, a la reconstrucción y la recuperación de la grandeza de Puebla”, concluyó.