Eran las primeras horas del día en el soleado Centro Histórico de la ciudad de Puebla cuando un grupo de pobladores de La Resurrección, cansados de la corrupción que asoma tras la entrega de licencias de funcionamiento, decidieron tomar acción. Sus principales armas: un tractor, símbolo de la lucha de los campesinos, y su hartazgo contra los abusos gubernamentales.
Furiosos se plantaron frente a la puerta del Palacio Municipal. Allí estacionaron su aplanadora y ocultaron el sonido de cláxones y bullicio con sus gritos de protesta.
Sorprendidos por esa acción, las autoridades municipales reaccionaron con el envío de un grupo de policías municipales, armados con escudos, toletes y cascos. La refriega no tardó en llegar.
Mientras los lugareños trataban de irrumpir con su peculiar protesta, el alcalde Eduardo Rivera Pérez, se encontraba a más de 130 kilómetros de distancia, más interesado en participar en un exclusivo homenaje para el empresario más rico de México, Carlos Slim Helú, el mejor aliado que un aspirante a la gubernatura puede tener en tiempos electorales.
El problema es que la protesta surgió por la torpeza y pugnas internas de varios políticos que integran el gabinete municipal, mientras el edil estaba lejos de poder resolver las demandas de un puñado de campesinos rijosos de una comunidad plagada de pobreza, crimen organizado y violencia.
El responsable de develar la trama fue Máximo Cuatlaxahue, integrante del Consejo Indígena de La Resurrección, quien explicó que la Secretaría de Gobernación municipal, a cargo de Jorge Cruz Lepe, signó un acuerdo con el presidente auxiliar Adolfo Reyes Pérez Torres —a quien la prensa de nota roja liga con la banda del narcomenudista Pascual N., alias El Popeye— para que las licencias de funcionamiento de negocios, principalmente de venta de alcohol, fueran pagadas directamente a la demarcación.
Este acuerdo sigiloso tenía como intención que el dinero no llegara directamente a la Tesorería municipal, sino que fuera pagado a la presidencia subalterna y que los recursos fueran reinvertidos en la comunidad de La Resurrección, bajo el principio de Usos y Costumbres.
Todo se vino abajo cuando la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, órgano desconcentrado que pertenece a la Tesorería, halló los permisos irregulares al montar un operativo en la junta auxiliar el pasado fin de semana. Cuando las autoridades de la comunidad y los pobladores exigieron una respuesta ante la cascada de clausuras, funcionarios menores reconocieron la situación: Normatividad “no sabía” del acuerdo.
“Tienen que respetar el acuerdo que se firmó, que ellos mismos ratificaron hace seis meses. Me dijo una persona de Gobernación: ‘Es que Normatividad no sabía’. ¿Cómo es posible que no estén coordinados? Nosotros vamos a pagar impuestos, pero para que se quede en La Resurrección, no se va a ir al gobierno municipal, se queda en la comunidad”, advirtió Máximo Cuatlaxahue.
En medio de este pandemónium, el alcalde Rivera, lejos de la contienda, disfrutaba de la buena vida en el centro libanés de la Ciudad de México. Rodeado de potenciales financiadores de campaña y un jazz selecto que proporcionaba un contraste surrealista con la batalla que se libraba en su tierra natal.
Tal vez eso explicaría la respuesta que dio la Comuna sobre la protesta: Que el presidente municipal mandaba a decir que el único responsable era el presidente auxiliar, por lo que se presentarían denuncias penales en su contra por extralimitarse en sus funciones al extender las licencias de funcionamiento y recibir el pago correspondiente.
El destello de las cámaras reveló una escena que pocos esperaban: el alcalde Eduardo Rivera, inmerso en el vibrante universo del jazz del grupo Life Jazz Project, mientras conversa animadamente en una mesa del lujoso centro libanés Alfredo Atala. Las fotografías desataron una oleada de comentarios y especulaciones sobre la dualidad entre la política y el placer.
A medida que las imágenes circularon, una investigación digital reveló que los músicos del Life Jazz Project no tardaron en compartir videos de esa misma tarde, desplegando su talento musical en el evento que Rivera, aparentemente, disfrutaba sin preocupaciones. La música fluyendo y la gobernación en pausa mientras el jazz resonaba en el elegante sitio.
La respuesta de la autoridad municipal ante los hechos de este martes fue tardía: Israel Chávez, delegado de Gobernación municipal, ya había sido tomado como rehén por mujeres indígenas durante aproximadamente tres horas, el mobiliario urbano de la ciudad levantado y la oficina de Turismo municipal reflejaba en sus vidrios rotos la brutalidad de la escena.
Hasta las 21:00 horas, la Comuna anunció en un comunicado que elementos de la Policía municipal habían detenido a tres personas: Adrián N., de 33 años; Adolfo N., de 56, y Jehu N., de 28, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, sin que hasta esa hora el presidente municipal diera la cara ante el conato suscitado.
Al mismo tiempo que las imágenes de Lalo Rivera salieron a la luz, una entrevista mostraba a Eduardo Rivera promocionándose electoralmente en el set de televisión de Latinus, en la Ciudad de México, espacio en el que no desaprovechó la oportunidad de ostentarse como un buen perfil para la gubernatura y desestimó las encuestas que lo miden por debajo de Morena.
“Estoy listo para ganar”, fueron las palabras que del edil emanaron a Loret de Mola, mientras aseguraba que cuenta con la experiencia para ganar la sucesión poblana abanderando la alianza opositora y presumía cifras maquilladas de sus programas gubernamentales.
Fue hasta después de un día de ocurrido el conflicto, luego de dejar su jornada laboral para buscar entrevistas para un medio nacional y buscar enlaces que lo impulsen en su candidatura, cuando el munícipe se tomó el tiempo para hablar de los hechos, pero su respuesta fue la de catalogar el hecho como “una manipulación y clara provocación” de actores políticos, sugiriendo que se trata de una estrategia vinculada al inicio del proceso electoral.
Rivera aseguró que los presidentes auxiliares están capacitados y conocen sus facultades, insinuando que hay elementos desconocidos detrás de la protesta liderada por Adolfo Reyes, presidente de la comunidad, quien se oponía a sanciones para comercios operando de manera irregular.
“Hago un llamado muy respetuoso a los actores políticos: tenemos que ser muy sensatos y muy responsables, no se vale, dado que viene un proceso electoral, querer lastimar la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad que merece nuestra Puebla y merece nuestro país, ese no debe ser el comportamiento de quienes tenemos una responsabilidad en el servicio público, somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo de civilidad, de diálogo, de respeto y de acuerdo a la ley”, respondió el edil.
INCONFORMES RETUVIERON 17 UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO
Durante la protesta del martes, al menos 17 unidades del transporte público fueron “secuestradas” por pobladores, según declaró Omar Álvarez Arronte, secretario de Movilidad y Transporte estatal, quien informó que ya se presentaron denuncias penales y destacando que esta no es la primera vez que ocurren retenciones de unidades en la localidad.
Álvarez indicó que las unidades utilizadas para llegar al zócalo de la ciudad no fueron contratadas voluntariamente, sino que los conductores fueron amenazados. Delegados y concesionarios de las rutas afectadas presentaron las denuncias correspondientes, señalando que el edil auxiliar de La Resurrección podría ser objeto de investigación en relación con esta situación.
Esta no es la primera ocasión que el secretario de Gobernación municipal ha estado en el ojo del huracán por conflictos vecinales. Situaciones similares se han visto en el mercado Amalucan, donde la falta de consenso desató una pugna que llegó hasta los golpes entre integrantes de la organización 28 de Octubre y Antorcha Campesina.
En la Central de Abasto cientos de comerciantes también provocaron caos en Palacio Municipal por la falta de atención al retiro de comerciantes de la 28 de Octubre, en tanto que protestas de voceadores no han faltado por el retiro de sus puestos de trabajo sin previo aviso.
Los casos más graves de ingobernabilidad en la ciudad se pueden ver en los mercados municipales, siendo, por ejemplo, el Morelos donde grupos criminales tienen tomado el espacio para hacerse del control del narcomenudeo a plena vista de la autoridad municipal, una problemática que se ha extendido a otros espacios como La Cuchilla o el mercado Independencia.
