Son las mismas compañías que están siendo investigadas por su participación en contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional. Las firmas comparten socios, administradores y hasta fueron creadas con horas o días de diferencia
Iván Rivera
(Primera parte)
En los últimos años, empresas fantasma y con turbios antecedentes de corrupción han visto en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la oportunidad perfecta para desviar recursos, a través de proyectos como la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como otras obras en materia militar y civil a cargo de dicho organismo.
Son, al menos, 18 compañías las que han saqueado al Ejército mexicano, según medios de comunicación como Latinus y El Universal. Sin embargo, las referencias de estas empresas apuntan a tres exgobernadores poblanos que en algún momento las han favorecido con contratos o han ayudado a constituirse de manera sospechosa: Mario Marín, Antonio Gali Fayad y Claudia Rivera Vivanco.
En una investigación realizada por Hipócrita Lector a los antecedentes registrales y hemerográficos de dichas firmas, se desprenden que los administradores únicos de las empresas factureras forman parte de una red de socios, cuyas firmas no tienen antecedentes en la web; sus familiares fueron proveedores del gobierno del estado; algunos registraron domicilios inexistentes e inclusive han simulado competencia para usufructuar ganancias a través de contratos de adjudicación.
Entre las anomalías destaca que seis empresas -de un total de nueve- están relacionadas con un mismo responsable de oficina; tres se encuentran en proceso de liquidación y, de forma sospechosa, fueron constituidas apenas con días o meses de diferencia al tiempo de compartir a los mismos administradores, por mencionar algunos casos.
Los reportajes “Empresas Fantasma aterrizan en Santa Lucía” de Latinus y “Obras: el oscuro negocio de Sedena” de El Universal, fueron la base para escarbar en los antecedentes de más de una decena de empresas que en Puebla han sentado sus reales y han sus actividades a la Sedena para desviar recursos de sus arcas.
Un caso ejemplar es Eficaren Eficiencia y Calidad en Rentas S DE RL de CV, que además fue contratada por la Sedena pese a que su experiencia comprobable era la renta de inflables al municipio de Atempan. Los administradores de la misma compañía formaron parte del catálogo de proveedores de José Antonio Gali Fayad tanto en la presidencia municipal como en el gobierno del estado.
Otro caso: Mercantil Abalon SA de CV, constituida en Puebla, sólo tiene un contrato en el municipio de Pachuca, Hidalgo, y escasas referencias laborales. En tanto que Consorcio Constructivo y Arquitectónico de Puebla SA de CV es investigada por desvío de 29 millones de pesos a las arcas estatales.
Esta última fue una de las favoritas de Gali Fayad pues sus administradores y familiares recibieron contratos millonarios para obras como la construcción del Cerro Amalucan, la Casa de Justicia de Huauchinango y las oficinas temporales de Audi.
Una de las personas administradoras era funcionaria municipal e incluso puede presumir que le fue aprobada su jubilación en 2014, cuando Gali fungía como presidente municipal en la Angelópolis.
LAS OTRAS EMPRESAS
Por otra parte, hay un grupo de 16 empresas relacionado con un complejo entramado de corrupción: accionistas con familiares que crearon empresas con escasos días de diferencia, con los mismos responsables de oficina y que se disolvieron durante el mismo año luego de haber firmado contratos con la Sedena.
Las factureras poblanas que tienen diversas coincidencias entre sí son: Servicios Integrales de Construcción e Ingeniería ideal SRL de CV, Constayma SA de CV, Concretos Luaya SA de CV, Islort Construcciones y Concretos SA de CV, Productos ERN SA de CV, Zeni Industrial SA de CV, Shedar Soluciones SA de CV, Comercializadora Jicolapa SA de CV, Nacional Maderera Pucte SA de CV y Brener Puebla, SA de CV.
Si bien existen otras empresas que no tiene coincidencias entre socios, notarios públicos o responsables de oficina, están catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas que realizan operaciones inexistentes. Es el caso de ABCD Arquitectura, Grubernova, Comercializadora Real Oaxaca, Grupo Arqimeyer, Grijalthom y la persona física Blanca Aurora Landa Lara.
Entre estas compañías, el exgobernador detenido por el caso de tortura a la periodista Lydia Cacho, Mario Marín Torres, jugó un papel importante pues fungió como notario en tres de ellas: Concretos Luaya, Islort Construcciones y Concretos; y en Nacional Maderera Pucte.
Las tres firmas factureras constituidas bajo la Notaría 53 del abogado priista a su vez fueron creadas bajo dos mismos responsables de oficina que ayudaron a la creación de otras seis empresas enlistadas como contratistas por la Sedena.
