Carlos Joaquín Briones Velázquez no es cualquier notario. Su educación habla de haber pasado por las escuelas más prestigiosas de Puebla y el extranjero: desde la Universidad de las Américas Puebla, hasta instituciones con sede en ciudades como Montreal o Vancouver; sin embargo, su “limpio” historial se vio manchado tras una denuncia por presuntamente haber cometido un fraude de más de 6 millones de pesos en la compra-venta de un inmueble en una exclusiva zona residencial de la ciudad de Puebla.
Poco se sabía del notario Briones Velázquez hasta que la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FIM-I/9550/2021 reveló una velada estrategia para despojar de una vivienda a un propietario cuya única ganancia por la venta del inmueble fue la de recibir un peso.
En esta trama, desde empleados de la notaría que tiene sus oficinas en las Torres UMA de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, hasta brókeres inmobiliarios y los propios empleados de una institución bancaria, habrían sido partícipes en un entramado de fraude para hacerse de la vivienda localizada en el Residencial La Calera, de la ciudad de Puebla.
Lo que hoy se sabe es que Carlos Joaquín Briones habría utilizado su poder como notario auxiliar en la notaría 46 que maneja su padre, Joaquín Briones Amador, para realizar ‘chicanadas’ legales que le permitieran hacerse de la vivienda en el año 2021, manipulando desde cuentas CLABE hasta impidiendo la representación de un abogado que supervisara y defendiera el proceso de escrituración.
CUELLO BLANCO
La página oficial de la Notaría 46 señala que la familia Briones cuenta con un diverso número de secretarias, contadores públicos, asistentes en contabilidad y personal con amplia experiencia en el tema de liquidaciones de impuestos y derechos tanto federales como estatales y municipales.
También presumen contar con un equipo de gestores compuesto por cinco personas y equipos de cómputo de punta: computadoras interconectadas vía intranet, siete salas de firma, salón de capacitación, e inclusive se ostentan como la primera notaría poblana en implementar un sistema informático integral de seguimiento de expedientes.
Sin embargo, ni la fuerza de trabajo abundante, la amplia experiencia de todo el personal o las últimas novedades en tecnología que aceitan el piso 12 de la torre notarial 46 sirvieron para garantizar al vendedor de la vivienda, Fabián G., que recibiera satisfactoriamente la cantidad de 6 millones 63 mil 416 pesos por la entrega de su patrimonio.
El defraudado acusa directamente al notario auxiliar, Joaquín Briones Velázquez por haber armado la estrategia del despojo. Esta persona, incluso aspira a ser el titular de la notaría, toda vez que su padre, Joaquín Briones, tiene una edad superior a los 80 años y está próximo a jubilarse.
Este inminente retiro habría surtido efecto ya, si no fuese porque el notario titular se amparó contra la reforma a la Ley del Notariado que establece que a la edad de 80 años los notarios titulares deben ceder la posición, según publicó el periodista Rodolfo Ruiz en una columna divulgada en julio de 2022.
En el caso de Joaquín Briones jr., presume ser un prominente profesor y académico de la Escuela Libre de Derecho, Palafoxiana de Derecho, Colegio Americano de Puebla y del Colegio Humboldt, así como miembro del Colegio de Notarios con maestrías y doctorados en su haber profesional.
EL FRAUDE
Han pasado más de dos años desde que Fabián G. vivió una de las peores pesadillas en su vida. Y es que, un 10 de mayo de 2021, firmó la venta de su casa y acudió a la notaría 46 para dar trámite al Registro Público de Comercio, sin imaginar que sería víctima de un delito millonario.
Entrevistado por esta casa editorial, Fabián G. manifestó que desde el primer día las banderas rojas del caso fueron notorias, luego de que el bróker notarial y bancario, así como Joaquín Briones Velázquez, presuntamente diseñaron una estrategia para desviar el pago a la cuenta de un tercero.
El caso tuvo un lento avance, toda vez que expresó, luego de un año su propio abogado le confesó que el titular de la notaría 46 y padre del imputado, resultó haber sido su profesor en una reconocida escuela de derecho años atrás, lo que levantó las sospechas sobre una posible omisión en la querella por amiguismo.
“El notario me dio todos los elementos para pensar que él estaba en colusión con los delincuentes. Primero no permitió el acceso a mi testigo y entonces representante legal, segundo, me esconden el váucher de la firma del contrato y nunca me lo quisieron mandar y tercero, el cajero se prestó a solo ponerle mi nombre a ese váucher, cuya CLABE de rastreo lleva a una persona moral”, explicó.
El inconforme manifestó que el pago de su vivienda fue recibido en una cuenta bancaria diferente. Hoy se sabe que esta cuenta cayó a favor de una empresa llamada Servicios KRAN S.A. de C.V., constituida en Chalco, Estado de México, mientras que las escrituras se entregaron al comprador, Santiago Pérez, de quién se presume se mantiene prófugo de la justicia, pues no ha acudido a las audiencias que le ha requerido la autoridad ministerial.
En este entramado de complicidad, Fabián G. señala que también estaría coludida Adriana Salas, empleada de la Notaría 46, quien le ocultó durante seis días el recibo bancario, así como los empleados del banco Scotiabank que a pesar de revisar que el número de cuenta no correspondía al nombre del titular, realizaron el procedimiento con sospechas de un arreglo previo.
“Les llevo mis documentos originales y una hora después aproximadamente me cae un depósito de un peso y me dice el abogado ‘a lo mejor están probando tu número de cuenta’ ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ya era el pago total de mi vivienda”, relató.
Una vez que corroboró el fraude, acudió a la Notaría 46, donde Joaquín Briones le habría sugerido como solución tramitar un juicio de nulidad de contrato, cuyo costo aproximado sería de 600 mil pesos, situación que descartó debido al elevado costo ya que no contaba con el reintegro por la venta de su casa.
Un punto que llamó la atención en esta trama es que el notario auxiliar pagó sospechosamente los impuestos que generan la venta del inmueble y que al propietario le correspondían pagar por ley, situación que sería la cereza en el pastel en esta denuncia por fraude: “todos los agentes del Ministerio Público me lo han dicho: el autor intelectual es el notario”, expresó.
