La cúspide de las denuncias en contra de Facundo Rosas Rosas, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla durante el sexenio morenovallista, llegaron a su cauce este lunes, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) destapó su participación en una red de lavado de dinero encabezada por Genaro García Luna en la que entregó 25.8 millones de dólares de la Policía Federal a empresas de forma irregular.
Sin embargo, los antecedentes de quien fuese uno de los principales operadores del exgobernador fallecido en Puebla, Rafael Moreno Valle, no comenzaron con el desvío de recursos millonarios entre el 1 de diciembre de 2006 y el 20 de noviembre de 2012, mientras fungió como Comisionado de la Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón.
Su turbio historial va desde intervenciones de abuso de poder en la Secretaría de Seguridad Pública estatal que dejó como saldo un menor de edad fallecido en Chalchihuapan, hasta su presunta intervención en el operativo “Rápido y Furioso”, el cual terminó con una fuga importante de armas que cayeron en manos de bandas dedicadas al crimen organizado.
Sus vínculos con García Luna han sido innegables por las autoridades nacionales e internacionales, a tal grado que fue mencionado en cuatro ocasiones en la Corte del Distrito de Brooklyn por presuntamente, haber sido parte de un grupo que habría permitido durante el sexenio de Felipe Calderón, la conversión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un centro de distribución de droga del Cártel de Sinaloa.
Ahora, un nexo más se ha fortalecido en dicha trama, luego de que la UIF señaló que Facundo Rosas al igual que Luis Cárdenas Palomino, extitular de División de Seguridad Regional de la Policía Federal, entregaron contratos al mismo holding de empresas para operar una red de lavado de dinero de su mismo jefe político: Genaro García Luna.
Estos dos personajes —tanto Cárdenas Palomino como Facundo Rosas— ya habían sido señalados conjuntamente por su participación tanto en la trama “Rápido y Furioso” como en las denuncias por permitir el trasiego de drogas en el aeropuerto de la Ciudad de México con destino a los Estados Unidos.
La UIF detectó que Luis Cárdenas Palomino, colaborador de Facundo Rosas, erogó como extitular de la División de Fuerzas Federales la cantidad de 2.5 millones de dólares en favor de empresas ligadas a la familia Weinberg, cuyos integrantes, Alexis N. y Mauricio Samuel N., presuntamente lavaron dinero de Genaro García Luna y desde este lunes enfrentan órdenes de aprehensión junto a otros 59 exservidores públicos y particulares.
FACUNDO ROSAS, ENTRE CHALCHIHUAPAN Y RÁPIDO Y FURIOSO
La cereza del pastel de las denuncias contra Facundo Rosas fue la revelación de que presuntamente desvió 25.8 millones de dólares de la Policía Federal al entregar contratos a un conglomerado de empresas cuyos dueños eran cercanos a Genaro García Luna.
Sin embargo, el exmorenovallista también es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), toda vez que en febrero de este año, Gilberto Higuera Bernal confirmó que el organismo le seguía el rastro por su participación en delitos del orden internacional.
La Corte estadounidense vinculó a Facundo Rosas por ser presunto beneficiario de sobornos del narcotráfico y ser integrante del “Cártel de Genaro García Luna”, el cual es identificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como una agrupación criminal en México.
Durante una de las audiencias celebradas contra García Luna, dos testigos señalaron a Facundo Rosas por pertenecer a esta red de narcogobierno en el sexenio Calderonista: Raúl Arellano Aguilar y Jesús Zambada García.
En el caso del testigo Raúl Arellano, reconoció que, en las operaciones para trasladar droga en el aeropuerto de la Ciudad de México, llegó a escuchar en una ocasión “que todos estaban contentos, hablaban del jefe Genaro (García Luna), Facundo (Rosas) y Cárdenas (Luis Cárdenas), todos recibieron su parte”.
Facundo Rosas también fue señalado por su involucramiento en la operación “Rápido y Furioso”, en la que ingresaron más de 2 mil armas con chip a México para identificar a criminales dedicados a la distribución de estos artefactos de manera ilegal; sin embargo, la estrategia fracasó debido a que las armas cayeron en manos de grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y no fueron rastreadas.
Pese a ser recluido por esta acusación, al final al fue liberado y se le retiraron los cargos. También fue señalado por su presunta protección a bandas dedicadas al huachicol, luego de que en 2015, cuando aún era secretario de Seguridad, dos de sus mandos fueron detenidos mientras custodiaban vehículos con hidrocarburos, lo que le costó el puesto.
Otro escándalo fue el ocurrido en 2014, cuando bajo su mando policías estatales utilizaron proyectiles con gas lacrimógeno para sofocar una manifestación en San Bernardino Chalchihuapan, lo que dejó como saldo a 12 personas heridas y un menor de 13 años fallecido.
