Magaly Herrera, excoordinadora de Comunicación del Ayuntamiento de Puebla, y el exsecretario General Edgar Damián Romero, incurrieron en el uso indebido de recursos públicos al utilizar oficinas del Palacio municipal y redes sociales de la Comuna para iniciar una defensa en favor de la otrora presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, en medio del proceso electoral pasado en el que aspiraba a la reelección.
Así lo determinaron por unanimidad los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), al señalar que los exburócratas de la administración morenista, el 25 de marzo de 2021 convocaron a una rueda de prensa en pleno horario laboral para defender a Rivera Vivanco por las medidas cautelares que le impuso el Instituto Electoral del Estado (IEE), por presunta promoción personalizada.
En la sesión virtual del Pleno de ayer, los magistrados aprobaron hacer del conocimiento de esta sentencia al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Puebla, para que adopte las medidas pertinentes.
“PRIMERO. Se declara la EXISTENCIA de la infracción denunciada consistente en uso indebido de recursos públicos, en términos de lo precisado en el considerando QUINTO de la presente sentencia. SEGUNDO. En consecuencia, se hace del conocimiento el presente fallo al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, para que, en su caso, adopte las medidas que estime pertinentes. Para tal efecto, SE INSTRUYE al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal para que realice las acciones precisadas”, señala el resolutivo.
No obstante, el Tribunal desechó únicamente la queja por promoción personalizada por parte de los burócratas al no haberse constituido esta infracción electoral en esa rueda de prensa.
La sentencia del TEEP ocurre luego de que el 25 de marzo de 2021, Magaly Herrera y Edgar Damián Romero utilizaron las estructuras jurídicas y de comunicación social del Ayuntamiento para acusar que las medidas cautelares impuestas por el IEE contra Claudia Rivera, en medio del proceso electoral, eran una “guerra jurídica” para boicotear los servicios públicos de la Comuna.
Sin embargo, lo único que hizo el IEE fue imponerle a la morenista medidas cautelares para que bajara de sus redes sociales personales 81 videos que podrían constituir promoción personalizada al ser alcaldesa con licencia y aspirante a reelección.
La defensa de los exburócratas resultó contraproducente, pues el órgano electoral no transgredió las facultades del Ayuntamiento ni prohibió difundir acciones de gobierno, sino únicamente limitó a la morenista para no colgarse de obras financiadas por el gobierno municipal.
