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sábado, mayo 4, 2024

Estudiantes de la Universidad Alva Edison se manifiestan ante abuso de la policía municipal

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Estudiantes de la Universidad Alva Edison, localizada en la ciudad de Puebla, obtuvieron audiencia en la Secretaría de Gobernación municipal, luego de que uno de sus compañeros, llamado Yahir García, fue presunta víctima de abuso policial el pasado 27 de junio, tema por el que los elementos de seguridad ya han sido suspendidos del cargo. 

Decenas de estudiantes de la institución se manifestaron afuera del Palacio Municipal y circularon sobre Avenida Reforma para exigir que desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a cargo de María del Consuelo Cruz Galindo, cesen los hostigamientos a ciudadanos mediante las revisiones aleatorias a transeúntes. 

En la protesta y posterior rueda de prensa para brindar información sobre cómo se desarrollaron los hechos, Yahir García lució acompañado del rector de la institución, Jorge León, así como el abogado Omar Jiménez. En la reunión anunciaron que junto con el diputado Alejandro Carvajal presentarán un punto de acuerdo para pedir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emita medidas cautelares a las autoridades responsables por los actos cometidos. 

Durante la exposición de los hechos, el afectado aseguró que elementos de la policía municipal le habrían despojado de su teléfono celular y dinero en efectivo, en el momento en que intentaron detenerlo en el acceso a la universidad. 

Todo inició el pasado martes, cuando salió de la universidad alrededor de las 14:30 horas, momento en el que vio a un menor de aproximadamente 15 años que era hostigado por los uniformados. Antes de tomar su autobús, les dijo a los oficiales: “ojalá así se comportaran con los que en verdad roban”, lo que causó su molestia. 

Al momento de abordar la unidad del transporte, los uniformados le marcaron el alto y le pidieron bajar, a lo que puso resistencia debido a que desconocía cuál era la falta que había cometido; no obstante, acusó que le dieron toques eléctricos con un taser. 

Lo siguiente que hizo fue buscar refugio en las instalaciones su universidad, donde los agentes también ingresaron sin una orden judicial y comenzaron a jalonearlo para llevárselo detenido, además de que lo despojaron de sus pertenencias. 

Al respecto, Jorge León Vázquez, rector de la Universidad Alva Edison, indicó que los policías de la SSC que agredieron al estudiante lo acusaron por presuntamente estar drogado, lo que dijo fue una falacia y a pesar de ello hubo excesiva presencia de la policía municipal. 

Debido a los acontecimientos, el estudiante de Comercio Internacional anunció que los elementos de seguridad ya fueron suspendidos de su cargo en tanto se dirimen las investigaciones. 

La semana pasada, la titular de la SSC, María del Consuelo Cruz Galindo, aseguró que la Unidad de Asuntos Internos ya tiene una línea de investigación para aclarar los hechos y cuentan con videos y fotografías del incidente. 

De acuerdo con la encargada de la seguridad en el municipio, una de las versiones sobre el hecho es que todo comenzó cuando los policías atendieron un reporte por consumo de drogas en la vía pública, por lo que aparentemente iniciaron el protocolo revisando primero a un menor estudiante de secundaria. 

A lo largo de la administración, suman 52 policías municipales sancionados con suspensiones o despidos por diferentes actos de abuso de autoridad o corrupción, según reconoció Cruz Galindo.  

Otros casos de abuso policial ya habían sido denunciados en la ciudad de Puebla con anterioridad. Tal es el caso de lo ocurrido el pasado 17 de marzo, cuando una mujer de nombre Alondra N. fue abusada sexualmente por un elemento de la corporación de nombre Fernando Jesús N.   

También, a finales de año un hombre de 42 años fue ejecutado en manos de cuatro policías capitalinos quienes violaron el protocolo de actuación ante un llamado de emergencia en la zona conocida como Puente Grande.  

A esto se suman diversas revisiones aleatorias a transeúntes que han sido criticadas tanto por la sociedad como por distintos actores políticos debido a que son catalogados como inconstitucionales.  

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