Por cuatro meses, Miriam ha tenido que luchar contra su expareja, Ramón C., quien, abusando de su relación, se involucró con una de sus hijas y sustrajo a las dos menores para ejercer violencia sobre ella.
Pero lo que Miriam no esperaba es que también tuviera enfrentarse al sistema de justicia que ha obstaculizado, menospreciado, e incluso ignorado su caso, al dilatarle y no iniciar con las indagatorias por los delitos de violación y sustracción de menores.
Ahora, frente la Fiscalía General del Estado (FGE), Miriam y su equipo legal exigen a las autoridades iniciar con las investigaciones y planean implementar una nueva herramienta para hacer presión y ser escuchada en su caso: ampliar la denuncia por el delito de violencia vicaria.
El camino de Miriam comenzó en Huauchinango, el 2 de marzo de 2022, cuando ella decidió interponer una denuncia por violación contra Ramón, por abusar sexualmente de su hija adolescente. Ella era hija de su primera relación y Ramón fungía como padrastro.
La hija de Miriam tenía 14 años y Ramón, aprovechándose de su relación de poder sobre ella, la convenció de tener relaciones sexuales, lo que le provocó un embarazo a la joven, dando a luz al bebé, por lo que Miriam presentó la denuncia; sin embargo, al enterarse de eso Ramón se llevó a la fuerza con él a su hijastra e hijo.
Al saber de esta denuncia, Ramón prefirió tomar otras medidas para evitar la presión de su pareja y se llevó de la casa a las dos hijas que tuvo con Miriam, restringiendo su comunicación con ellas hasta que retire su querella en el Ministerio Público de Huauchinango.
Miriam, sin dejarse intimidar por su expareja, pidió a las autoridades de la Fiscalía en su municipio tomar cartas en el asunto, pero la respuesta de ellos fue la menos esperada: “No había delito que perseguir”.
“Me dijeron que no había delito que perseguir, que si mi hija estaba con él, es porque ella quería”, relató Miriam. “¿Cómo es posible que a la Fiscalía de Puebla le parezca normal que un hombre de 48 años utilice la relación de poder que tiene con una adolescente al fungir como pareja de la madre, para vincularse afectivamente con la hija, hasta lograr un embarazo adolescente?”, cuestionó.
Miriam no quitó el dedo del renglón y presentó una nueva denuncia contra Ramón, ahora por sustracción de menores por llevarse a sus dos hijas y a su hijastra, pero la nueva respuesta de la FGE volvió a sorprenderla.
“La Fiscalía se ha limitado a decir que ‘ellas están con su papá’, aunque no es papá de todas y que tiene derecho a llevárselas, que si yo quiero que me las regrese, que entonces investigue dónde se encuentran y vaya por mis propios medios por ellas”, fue la respuesta que recibió a los agentes.
Las trabas en su contra continuaron, pues pese a solicitar la aplicación de la Alerta Amber para encontrar a sus tres hijas, todas menores de edad, las autoridades se negaron a emitirla, pues “el caso no daba para eso”.
La preocupación en Miriam era más que fundada, su expareja tenía experiencia en el transporte de migrantes sin documentos hacia los Estados Unidos, por lo que el peligro de que se llevara a sus hijas al extranjero era más que latente para ella.
Con las repetidas negativas de la Fiscalía, Miriam interpuso una queja en contra del organismo ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, por las omisiones en su contra, que lejos de agilizar su caso ha provocado que ahora sea revictimizada por los agentes al señalarle que ahora tenían a la comisión encima por su culpa.
