El Gobierno de España ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que investigue a las plataformas X, Meta y TikTokpor su presunta implicación en la generación y difusión de pornografía infantil creada mediante herramientas de inteligencia artificial (IA).

El anuncio fue realizado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien afirmó que el Ejecutivo ha pedido formalmente a la Fiscalía General del Estado que analice si estas compañías tecnológicas han podido incurrir en delitos al permitir o facilitar este tipo de contenidos en sus plataformas.

Según explicó Sánchez, el Consejo de Ministros activará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, un mecanismo excepcional que permite al Gobierno instar a la Fiscalía a investigar hechos que puedan revestir especial gravedad. “La impunidad de los gigantes tecnológicos debe terminar cuando están en juego los derechos, la dignidad y la salud mental de nuestros hijos e hijas”, subrayó el presidente.

El Ejecutivo sostiene que el uso de sistemas de IA para crear imágenes sexualizadas de menores se ha disparado en los últimos meses. Datos manejados por el Gobierno apuntan a que millones de imágenes de este tipo habrían sido generadas en apenas unos días, muchas de ellas difundidas a través de redes sociales y servicios digitales de gran alcance.

La investigación se enmarca en un contexto de creciente preocupación internacional por el uso abusivo de la inteligencia artificial para producir material de abuso sexual infantil. En la Unión Europea, varias autoridades nacionales y comunitarias han intensificado el escrutinio sobre las grandes plataformas, a las que se exige reforzar los mecanismos de prevención, detección y retirada de contenidos ilícitos.

Desde el Gobierno español se ha insistido en que el objetivo no es solo depurar posibles responsabilidades penales, sino también avanzar hacia un entorno digital más seguro. Entre las medidas anunciadas en paralelo figuran el endurecimiento de las obligaciones de las plataformas, el refuerzo de los sistemas de verificación de edad y la posibilidad de exigir responsabilidades legales a directivos que no actúen con diligencia ante contenidos ilegales.

La Fiscalía deberá ahora decidir si abre una investigación penal formal y determinar el grado de responsabilidad de las compañías tecnológicas en la creación, difusión o facilitación de pornografía infantil generada mediante inteligencia artificial.