Publicado originalmente por Nicholas Dale Leal en El País. Compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico:

Miles de ciudadanos de otros países, como Cuba, Haití o Venezuela, están siendo enviados por el Gobierno de Trump a territorio mexicano, donde quedan atrapados sin poder regularizarse.

En el supuesto paraíso de Cancún, a Jean, un haitiano deportado desde Estados Unidos a México a finales de octubre de 2025, lo consume la frustración y la impotencia. Llegó originalmente a Villahermosa (capital de Tabasco, al sur de México), trasladado por las autoridades migratorias mexicanas en un bus desde la frontera norte, donde había pasado de las manos de un Gobierno directamente a las del otro. El momento en el que se bajó del autobús, sin embargo, fue el último en el que tuvo un acompañamiento oficial en el país, abandonado a su suerte en un lugar donde no conoce a nadie y ni siquiera habla el idioma.

“Solo están mandando a la gente aquí. No están ayudando en nada. Y luego, cuando intentas hacer algo por ti mismo, es un problema. No sé cómo explicarlo, pero es una locura”, dice por teléfono Jean, nombre ficticio de este hombre de 33 años que teme que hablar públicamente afecte a sus procesos legales tanto en México como en Estados Unidos.

El caso de Jean es uno de miles en lo que se conoce como deportaciones a terceros países: una práctica que consiste en expulsar a personas a países que no son los suyos. No es ilegal, pero era muy poco habitual hasta que la Administración de Donald Trump comenzó a impulsarla agresivamente.

Según un informe del Congreso, el actual Gobierno republicano ha gastado más de 40 millones de dólares en enviar a unos cuantos cientos de migrantes a países tan lejanos como Sudán del Sur o el pequeño reino africano de Esuatini; un costo promedio de 130.000 dólares por persona deportada. Sin embargo, esos cálculos no incluyen el destino más común: México.

Desde el regreso de Trump al poder, miles de ciudadanos extranjeros, principalmente cubanos, haitianos o venezolanos, han sido deportados a México. El número exacto no se sabe, pues las autoridades de los dos países no han dado cifras concretas. Pero hay pistas. Hace poco más de una semana, el juez federal William G. Young de Massachusetts señaló en una resolución que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le indicó que, en base a un “acuerdo no escrito”, en el último año Estados Unidos deportó a 6.000 cubanos a México. Asimismo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró el pasado diciembre que el país había recibido a 11.886 extranjeros hasta ese momento.

La situación no es una novedad. México lleva años recibiendo a extranjeros deportados de Estados Unidos como “tercer país seguro”. Durante la Administración del expresidente demócrata Joe Biden se llegó a un acuerdo para recibir 30.000 al mes, aunque en ese caso eran personas que acababan de cruzar la frontera ilegalmente y eran devueltas de inmediato, algo muy diferente al tipo de deportaciones que se están viendo ahora.

Además, el flujo parece estar ocurriendo en virtud de un “acuerdo no escrito”, del cual no se conoce ningún detalle. Este periódico preguntó sobre ello a las autoridades mexicanas, pero no ha recibido respuesta. Las pocas certezas que hay, entonces, son las que han quedado patentes en los crecientes reportes de deportados extranjeros atascados en Tapachula, Villahermosa y Cancún. Tran Dang, una estadounidense de ascendencia vietnamita que lleva 10 años en México y lidera el Centro Rizoma del Migrante en Guadalajara, una de las pocas organizaciones que se dedica a apoyar legalmente a deportados, ha visto este cambio de primera mano. “La mayoría de las personas a las que atendemos han sido, tradicionalmente, migrantes mexicanos deportados de Estados Unidos. Pero este último año también hemos visto un aumento considerable de personas de otras nacionalidades. Cubanos, haitianos y venezolanos se están poniendo en contacto con nuestra organización y con otras. Sus abogados en Estados Unidos se están comunicando con nosotros, buscando información sobre lo que está sucediendo”, cuenta por videollamada.

Jean es uno de los que contactó con el Centro Rizoma en busca de ayuda. Lleva meses atrapado en un limbo burocrático. Presentó su solicitud de asilo a mediados de noviembre ante la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), pero no le ha llegado ni siquiera la notificación de que ha sido recibida, que debería enviarse en un plazo máximo de 90 días. Mucho menos ha recibido su Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), la cual otorga un número de identidad y permiso de trabajo mientras se tramita la petición de asilo. Y, cuando ha intentado contactar directamente con el cuerpo, algo de por sí complicado porque él no habla español, no ha recibido ninguna información o directriz diferente a que debe esperar.

Chocarse una y otra vez contra ese muro parece ser la única opción. No puede conseguir trabajo en Cancún porque no tiene papeles. No puede moverse del Estado de Quintana Roo porque es donde ha presentado su petición de asilo. Recibir dinero de familiares es difícil, pues no tiene acceso a una cuenta bancaria ni puede abrir una. Y volver a Haití tampoco es posible, dada la crisis humanitaria que se vive en el país caribeño y el hecho de que toda su familia lleva años viviendo en Estados Unidos.

Dang, del centro Rizoma, subraya que este patrón se repite una y otra vez con numerosos migrantes, y avisa de las consecuencias. “Todos saben cómo sobrevivir. Pero si creas las condiciones que el Gobierno mexicano ha creado, donde no dan números de identificación ni permisos de trabajo, la gente no puede ni abrir una cuenta bancaria ni recibir dinero. En esas condiciones, vas a tener a muchas personas sin techo”, remarca. Este escenario exacto se lleva viendo desde hace semanas en Tapachula.

Un informe reciente de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM) apunta a esta misma problemática. Aunque la OIM tampoco tiene acceso a datos de los Gobiernos, realizó 400 entrevistas a migrantes a lo largo de varios meses en 2025 y, a través de ellas, llegó a ciertas conclusiones clave sobre el fenómeno de las devoluciones de personas a México desde Estados Unidos.

En primer lugar, que generar ingresos y acceder a empleos es la principal necesidad de la mayoría de las personas extranjeras retornadas a México. Seguido por la necesidad de resolver trámites y acceder a documentación, lo cual está íntimamente relacionado con lo primero, pues es un prerrequisito para ello, por lo menos para conseguir un trabajo legalmente. Asimismo, la OIM reporta que una porción importante de estos extranjeros en México necesita un alojamiento seguro y alimentación. La situación obliga a las personas a buscarse la vida de diferentes maneras. En las calles de Tapachula, los deportados buscan algún empleo informal. Otros han conseguido un trabajo donde les pagan en efectivo. Es el caso del cubano Roberto, también un nombre ficticio, que en Cancún es barbero mientras espera que el destino le dicte su suerte.

Hasta ahora, no ha tenido mucha. Fue expulsado a México a mediados de febrero, tras ser detenido en una cita migratoria supuestamente rutinaria en la que le informaron de que el documento que él pensaba que lo protegía de la deportación —el formulario I-220A que recibió cuando ingresó al país durante la gran ola de cubanos que abandonaron la isla tras la pandemia— no era válido, y que sería deportado. Estuvo detenido durante tres semanas antes de recabar en Tapachula, donde llegó sin dinero, ningún documento de identidad y tampoco una manera de comunicarse con su familia o su novia, ciudadana estadounidense, que se quedó sola en Michigan.

Finalmente logró comunicarse, y ella, que prefiere mantener el anonimato, viajó para llevarle su pasaporte. Se casaron, y ahora tienen la esperanza de que le aprueben a Roberto una visa de cónyuge para que él pueda regresar a la casa, la vida y el futuro que compartían en Michigan. Roberto es optimista y cree que ese momento llegará más pronto que tarde. Pero el panorama de los deportados extranjeros enviados a México es incierto.