A partir del próximo 2 de abril de 2026, Estados Unidos implementará una nueva política migratoria que exigirá a los solicitantes de visas de negocios (B1) y turismo (B2) de 12 países una fianza económica, que podrá variar entre 5,000 y 15,000 dólares, dependiendo del caso.

La medida afectará a países como Nicaragua, Etiopía, Túnez, Mozambique y Camboya, que se suman a una lista más extensa de naciones con altos índices de migración irregular. La fianza será devuelta a quienes cumplan con los términos de su visa y abandonen EE.UU. dentro del plazo estipulado. En el caso contrario, si el solicitante se queda en el país después de la expiración de su visa, los fondos serán utilizados para cubrir los costos de deportación, que, según el Departamento de Estado, ascienden a más de 18,000 dólares por persona.

Esta iniciativa busca reducir el número de personas que permanecen de manera ilegal en territorio estadounidense tras el vencimiento de su visa. Según los datos oficiales, un 97% de las personas que han participado en programas similares previamente han regresado a sus países de origen dentro del tiempo asignado. Sin embargo, esta política ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que señalan que las fianzas migratorias pueden representar una barrera económica significativa para ciudadanos de países en desarrollo, especialmente en África.

El sistema de fianzas migratorias, que fue introducido durante el gobierno de Donald Trump, es solo una de las medidas adoptadas para frenar la llegada de migrantes irregulares, y se suma a otras políticas como vetos de visas y restricciones al asilo. Con esta nueva política migratoria, EE.UU. busca proteger los intereses nacionales, pero la controversia continúa en torno a la equidad de la medida.