La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local recriminó la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla contra seis artículos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial publicada en el Periódico Oficial del Estado el 6 de diciembre pasado.
Tanto el presidente de la comisión, Eduardo Castillo López, como la secretaria de la misma, Silvia Tanús Osorio, calificaron la acción del organismo público autónomo como una falta de procuración y protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada sin partido señaló que no puede respaldar a conductores que, por manejar ebrios o a altas velocidades, causen accidentes mortales. Silvia Tanús expresó su desconcierto ante esta acción promovida por la Comisión de Derechos Humanos fue resultado de intenciones maliciosas o ignorancia, considerando esto peligroso para los ciudadanos.
“No es posible que a estas alturas hagamos un trabajo que le sirva a la ciudadanía, hagamos leyes que protejan a los ciudadanos y que sea precisamente un organismo encargado de proteger derechos los que nos impugnen leyes que protegen a las víctimas de cualquier siniestro”, puntualizó la legisladora.
Apuntó que, con esta acción promovida, la Comisión de Derechos Humanos no busca proteger la vida de los ciudadanos, sino que solo entorpece el trabajo del Congreso del Estado al minimizar el trabajo que hicieron los legisladores, personal administrativo del Poder Legislativo, sociedad civil y organizaciones interesadas en este tema.
Tanús también comentó que espera que el Congreso del Estado se defienda de manera ejemplar, ya que no deberían anular una ley destinada a proteger a los habitantes de Puebla.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política externó su descontento sobre la impugnación que promovió la Comisión de Derechos Humanos al sostener que el marco jurídico de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial no fue una improvisación de los legisladores, ya que organizaron consultas ciudadanas previas y se llevó a cabo un análisis minucioso sobre los aspectos que debían incluir la ley.
Asimismo, el coordinador del grupo legislativo de Morena detalló que uno de los artículos impugnados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obliga a los automovilistas del estado a contar con un seguro para garantizar el pago de daños a terceros en caso de un siniestro vial, el cual, consideró, no es violatorio de la Constitución Política del Estado.
Eduardo Castillo aseguró que respetarán el fallo que emita la SCJN en torno al tema y realizarán las adecuaciones que sean necesarias, en caso de que así lo ordene el máximo tribunal del país.
“Se llevó a consulta, no fue un tema de bote pronto de las diputadas y diputados. Nosotros seremos respetuosos de lo que dictamine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero nosotros cumplimos en tiempo y forma”, comentó.
Entre los artículos que impugnó la Comisión de Derechos Humanos se encuentran los artículos 26 fracción XXX, 73 fracción VI, 153 y 164, que incluyen la obligación a los conductores y dueños de vehículos motorizados de contar con un seguro de daños a terceros.
Asimismo, se impugnó el artículo 168, en donde se estipula que en los casos a que se refiere el artículo 26, se impondrán a los conductores de vehículos de propulsión mecánica además de las sanciones señaladas, la cancelación de licencia para conducir, sin que se pueda expedir una nueva en una temporalidad de hasta 10 años, considerando el modo, tiempo y lugar en que se cometió la infracción, así como las condiciones y circunstancias, independientemente de las demás sanciones que por el hecho se pudieran generar fue controvertido.
