Pese a realizarse las notificaciones hasta con un mes de anticipación, el Juzgado de Oralidad Penal de la Región Centro de Puebla difirió la audiencia de vinculación de proceso de Yasmín Flores Hernández en contra de la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, acusada de incurrir en el delito de discriminación en su contra.
Aunque la audiencia de imputación en contra de Claudia Rivera se programó para este 31 de mayo, la defensa de la expresidenta municipal de Puebla —encabezada por el exsíndico municipal Gonzalo Castillo Pérez— alegó que no fueron notificados debidamente sobre la audiencia a realizarse, ni de las más de 900 hojas que componen el expediente de la carpeta de investigación hecha por la Fiscalía General del Estado (FGE).
El juez de control, Joel Daniel Balcázar Ávalos, concedió la solicitud de diferimiento de la audiencia sin que se dé fecha para su reposición.
Yasmín Flores acusó que no había elementos para conceder el diferimiento de la audiencia, debido a que el abogado defensor de Claudia Rivera, Gonzalo Castillo –exsíndico municipal en su administración– firmó de recibido la notificación de la audiencia desde el 27 de abril.
“Tuvieron más de un mes para venir a conocer la carpeta de investigación y me parece que es una burla para las víctimas que pasen este tipo de cosas, sabemos que están en su derecho, pero si ella quisiera y tuviera buena fe y estuviera salvaguardando los derechos de las mujeres tendría que haberse presentado”, expuso.
El día que se hizo la notificación del emplazamiento a audiencia —27 de abril—, Castillo Pérez se encontraba en el domicilio que Claudia Rivera dio para recibir notificaciones del proceso legal, en Calle 6 Poniente número 1504, Barrio San Miguel, en el municipio de Puebla, y firmó de recibido el documento a las 10:00 horas.
“Al aproximarme al domicilio, se acercó un hombre de aproximadamente 1.80 de estatura, complexión robusta, tez clara, cabello castaño corto, tez apiñonada, de cuarenta años de edad aproximadamente, preguntando si venía a notificar, por lo que me identifique con credencial oficial expedida por el Poder Judicial del Estado de Puebla indicándole el motivo de mi presencia.
“Dicha persona manifiesta que la investigada no se encuentra por el momento, que él es su abogado y el recibe el citatorio, en consecuencia, procedo a notificar el referido citatorio que dejo en poder de quien dice ser el abogado de la investigada y llamarse Gonzalo Castillo Pérez, quien firma de recibido al margen del acuse”, señaló en la diligencia el abogado notificador adscrito al juzgado, Jesús Pablo Fernández Enríquez.
En la misma notificación se le hizo de su conocimiento a la parte demandada que tenían acceso al contenido de la carpeta de investigación, que deberá ser previo al desahogo de su audiencia a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Contra la Familia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, ubicada en Calle 10 oriente número 414, de la colonia Centro, de la capital poblana, por lo que tampoco era válido dicho argumento.
Yasmín Flores señaló que la defensa del exsíndico municipal en favor de Claudia Rivera evidencia la intervención del magistrado Ricardo Velázquez para evitar que avance el procedimiento, pues calificó como “conveniente” que el día que se realizó la notificación él se encontrara en el domicilio.
La exconsejera jurídica del Ayuntamiento de Puebla pidió a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Margarita Gayosso Ponce, tome cartas en el asunto y no permita irregularidades por parte de magistrados en el proceso.
“Yo esperaría que la magistrada presidenta tome en consideración todo lo que estamos mencionando, ya existe un antecedente de un periodista que ya había dicho qué iba a pasar, que tenía las manos metidas el magistrado (Ricardo Velázquez), entonces creo que el Poder Judicial hoy con una mujer al frente puede ayudar mucho a que esto pueda salir”, apuntó.
CASO CONTRA CLAUDIA RIVERA, UNA HISTORIA DE OMISIONES JUDICIALES
Aunque el diferimiento de la audiencia de imputación de delito parezca algo extraño dentro del proceso penal, en el caso de Yasmín Flores contra Claudia Rivera ha sido la constante para evitar su avance.
Desde que Yasmín Flores presentó en septiembre del 2020 su denuncia ante la FGE, el Instituto Electoral del Estado (IEE), Tribunal Electoral del Estado (TEEP) y la Comisión de Derechos Humanos (CDH), el procedimiento se ha atrasado, dilatado y diferido en múltiples ocasiones.
A pesar de que la CDH y el IEE avanzaron en sus denuncias, concediendo medidas cautelares y de protección, fue en la Fiscalía donde por casi dos años no se tuvo avances en la investigación ni se citaba a comparecer o la substanciación de la carpeta de investigación.
En diciembre de 2020, el TEEP emitió medidas cautelares en favor de Yasmín Flores por posibles actos de violencia política de género de parte de la alcaldesa Claudia Rivera, sin embargo, el ayuntamiento impugnó ante el TEPJF.
En enero de 2021, el consejero presidente del IEE, Miguel Ángel García Onofre, refirió que el órgano electoral había concluido la investigación en el caso de Yasmín Flores 14 meses después de su denuncia, aunque el proceso se postergó porque el Ayuntamiento fue omiso y actuó con desinterés para atender los requerimientos que les formulaban.
El 21 de abril de 2021, la exconsejera jurídica acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de actuar de forma omisa con su denuncia, pues la habían citado a comparecer por segunda ocasión para ratificar su demanda mientras Claudia Rivera y René Sánchez Galindo no habían sido llamados por la autoridad.
El proceso siguió sin ningún avance en instancias penales y electorales hasta que el 21 de abril de 2022, el TEEP se declaró incompetente para conocer y resolver la denuncia de Yasmín Flores por violencia política de género y dejar a la Contraloría Municipal el análisis e imposición de una sanción.
Ante esta resolución, Yasmín Flores recurrió al TEPJF para impugnar la resolución, instancia en la que la Sala Regional Ciudad de México ordenó al TEEP reabrir el caso y exigir al TEEP imponer una sanción.
Hasta el 27 de enero de este año, el tribunal local determinó que Claudia Rivera sí incurrió en violencia política de género, por lo que se ordenó su registro en el Catálogo de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género por un periodo de 4 años y 4 meses. Esta sentencia ayudó a que comenzará a avanzar su denuncia penal en contra de los exfuncionarios municipales.
Yasmín Flores tenía programada la audiencia intermedia con Margarita Rodríguez Daruich por el delito de hostigamiento para el 12 de febrero, sin embargo, se difirió a petición de los acusados, hasta tres meses después que se llevó a cabo la audiencia este 31 de mayo.
Asimismo, aún espera que las denuncias interpuestas en las Fiscalías Anticorrupción, de Delitos Electorales y de Violencia Familiar y de Género también inicien su procedimiento.
