Tras una serie de litigios que se extendieron durante aproximadamente dos meses, los abogados Noé Reyes Marín y Héctor Harim Arroyo Sendra, a través de una audiencia celebrada este viernes, finalmente fueron liberados, al ser eximidos de delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia y comprobarse que no participaron en la liberación de uno de sus clientes.
El triunfo de este caso, a decir del Alfredo Vázquez Villarreal, —quien encabezó la recaudación de firmas con al menos 45 de sus compañeros de la Sierra Norte de Puebla—, se debió al movimiento que llevaron a cabo en las últimas semanas y a la presión mediática ejercida para exigir la liberación.
Sin embargo, el caso puso de manifiesto la actuación de jueces que negaron la liberación de los legistas pese a las pruebas fehacientes de que no estaban involucrados en actos de ilegalidad.
Tras esta pugna, se les otorgó la modificación de medidas cautelares, pasando de prisión preventiva justificada a firma periódica cada ocho días durante todo el tiempo que dure el proceso.
“El Código penal es claro, este delito aplica solamente a servidores públicos que trabajan en Fiscalía o el Poder Judicial, aun así, les integraron la carpeta de investigación y cuando íbamos a llevar a cabo la primera audiencia, el juez de control de nombre Salvador Hernández Martínez nos dijo que hiciéramos lo que hiciéramos los iba a dejar detenidos porque había consigna”, apuntó.
Recordó que la situación comenzó cuando los abogados Noé Reyes y Héctor Harim lograron cambiar las medidas cautelares de prisión preventiva a arraigo domiciliario para su cliente, Luis Ortega N. durante una audiencia de revisión, el cliente salió sin custodia y fue nuevamente detenido, desencadenando arrestos por evasión de presos, incluyendo a los abogados que aún estaban en el lugar.
FUERON ACUSADOS
Fue así que Noé Reyes y Héctor Harim fueron acusados de delitos contra la procuración y administración de justicia, a pesar de no tener participación en la liberación.
Después de dos meses de arresto, el grupo de abogados se reunió con magistrados del Consejo de la Judicatura para argumentar la ilegalidad del proceso, ya que el delito imputado era exclusivo para servidores públicos. A pesar de esto, el juez José Luis Campillo González retrasó la liberación, incluso negando la revisión de medidas cautelares.
El grupo de abogados solicitó la intervención del Poder Judicial de Puebla para revisar la causa penal y obtener la modificación de medidas cautelares. Aunque se acreditó la existencia de domicilios, se argumentaron diversos pretextos para dilatar el proceso.
A inicios de año, el juez de control se negó nuevamente a fijar una fecha para la audiencia, argumentando estar considerando un juicio de amparo sobre la negativa de modificación de medidas cautelares.
En este periodo se señaló a Isaí Rivas López, encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal, como responsable de obstaculizar la liberación, llegando al punto de amenazar a uno de los abogados con la frase: “¿Ves esta pared? ¿Es blanca, ¿verdad? Pues yo digo que es negra, y no van a salir”.
