En medio del audioescándalo que involucra a la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón Silva, y el dirigente del PRI, Néstor Camarillo Medina, en un presunto pacto millonario para obtener la candidatura, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE), Blanca Yassahara Cruz García, descartó que el organismo pudiera iniciar una investigación de oficio.
“No es una atribución que le compete al Instituto Electoral del Estado. Nosotros como autoridad administrativa no nos podemos involucrar en algún proceso interno de selección”, afirmó.
La presidenta del IEE sostuvo que su competencia se limita a revisar expedientes entre el 4 y el 10 de marzo, cuando los partidos presenten registros, para auditar que hayan cumplido con los estatutos.
Descartó haber recibido denuncias formales sobre el audioescándalo, indicando que tampoco son el órgano competente para abordar estas situaciones; una respuesta ciega ante las peticiones de que el caso de presunto soborno sea esclarecido.
Especialistas señalan que, aunque el IEE no tenga facultades para investigar actos de corrupción, podría solicitar pesquisas a la Fiscalía.
Mientras tanto, el PRI y PAN enfrentan una nueva crisis interna tras la filtración de un audio explosivo, donde Paola Angón Silva, alcaldesa de San Pedro Cholula, acusó públicamente al dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, de incumplir un pacto de 2.5 millones de pesos para asegurar su candidatura en la coalición PRI-PAN-PRD-PSI.
La revelación se originó con un trascendido el 19 de febrero en el periódico 24 Horas Puebla, sugiriendo problemas en la designación de candidaturas en San Pedro Cholula debido a acuerdos monetarios.
Tres días después, el dirigente estatal del PRI denunció la imposición de Roxana Luna como incumplimiento de acuerdos nacionales entre el PRI, PAN y PRD. La rebelión se intensificó con el Comité Directivo Municipal que exigió una asamblea para la elección de la candidata.
El lunes, un audio de 22 segundos reveló la furia de Paola Angón por el presunto incumplimiento de Camarillo y la sugerencia de tomar acciones contra él y la candidata impuesta, Roxana Luna.
“Tú sabes que yo ya había pactado con el PRI, yo ya había dado dinero y hasta el pinche Néstor (Camarillo Medina) también me dijo que pues sí, que está complicado, que no puede hacer nada. me lo tienen que regresar, sí, fueron dos millones y medio (de pesos)”, pronunció.
Angón amenazó con tomar represalias contra Camarillo y buscar al gobernador para pactar con la 4T su posición en San Pedro Cholula, mientras que Camarillo intentó desacreditar el audio al señalar que todo se trataba de una invención de la inteligencia artificial.
“Escucho a nuestros adversarios rasgarse las vestiduras en contra de las campañas negras, cuando son ellos los primeros que las promueven al utilizar inteligencia artificial para armar supuestas conversaciones. Lo más grave de todo esto es que atentan contra la integridad de una mujer”, justificó.
Paola Angón hizo lo propio, al desconocer el audio en donde salía implicada en un caso de compra de candidatura, además de que, en esta ocasión, rechazó haber estado interesada en una reelección por San Pedro Cholula.
Sobre los comentarios mal intencionados que circulan en redes sociales, les comparto: pic.twitter.com/Y2CNHqDnZI
— Paola Angon (@PaolaAngonS) February 27, 2024
Al parecer, esta no sería la primera vez que el líder del tricolor incurriría en estas prácticas. El periodista Mario Alberto Mejía, reveló en La Quinta Columna, que en 2021 se habrían vendido candidaturas en montos que oscilaban entre 200 mil y 500 mil pesos, llegando hasta 2 millones de pesos, según fuentes internas.
Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal de Cuautlancingo, es citado como una víctima que se negó a pagar la extorsión de Néstor Camarillo, aunque a pesar de la presunta corrupción, buscará la reelección sin pasar cuota al PRI estatal.
En esta trama, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sentenció que de ser cierto, se podría constituir un delito, además, exhortó a que todos los servidores públicos se conduzcan en el marco de la ley.
