Un juez poblano más fue exhibido por un posible conflicto de interés y conductas de corrupción, pero esta vez, desde el estrado de la Fiscalía General del Estado (FGE). Se trata de Gabriel Pérez Rocha Pérez, juez de Oralidad Penal de la región judicial sur-oriente, quien en más de una ocasión ha mostrado medidas dilatorias para no llevar a la justicia a los presuntos autores del homicidio del periodista Marco Aurelio Ramírez en Tehuacán.
El fiscal especializado en Derechos Humanos, de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ulises Sandal Ramos Koprivitza, adelantó que presentarán una queja ante el Consejo de la Judicatura para revisar la actuación del juez en el proceso de esclarecimiento de la denuncia contra José Francisco N. y Jesús Armando N., presuntos responsables del homicidio.
Además, informó que la familia ha presentado una denuncia penal contra el funcionario por presuntos hechos que podrían constituir un delito, aunque no se proporcionaron detalles específicos al respecto.
Dos de los tres individuos identificados como presuntos autores del homicidio de Marco Aurelio Ramírez se encuentran bajo custodia, mientras que el tercero permanece prófugo. Sin embargo, se han observado irregularidades en la gestión del caso por parte del juez de control de la región Sur Oriente con sede en Tehuacán.
CRECIENTES SOSPECHAS
El fiscal Especializado explicó que José Francisco N., uno de los detenidos, fue arrestado el 31 de mayo inicialmente por cargos relacionados con drogas, el 7 de junio se le vinculó a proceso por estos delitos y el 15 de junio la Fiscalía solicitó una audiencia para imputarlo por el delito de homicidio del periodista.
La audiencia estaba programada para el 23 de junio, pero un día antes, el juez notificó a la Fiscalía que la audiencia se pospondría debido a “problemas de agenda”, sin especificar una nueva fecha, por lo que ante la demora, solicitó en varias ocasiones una nueva fecha y hora para la audiencia, pero no obtuvo respuesta del juez.
El 4 de julio, el juez anunció que la audiencia se llevaría a cabo el 2 de agosto, casi un mes después de la solicitud inicial. Sin embargo, después adelantó la fecha al 7 de julio y posteriormente, José Francisco N. fue vinculado a proceso por homicidio calificado el 12 de julio.
Situación similar ocurrió con el otro detenido, Jesús Armando N., de quien se solicitó una audiencia para imputarlo por homicidio programada para el 27 de septiembre pero, el 21 de septiembre, el Ministerio Público pidió al juez información sobre la defensa del imputado y no recibió respuesta.
El juez suspendió inesperadamente la audiencia y otorgó un plazo de 10 días para aclaraciones antes de fijar una nueva fecha, además, impuso una multa al Ministerio Público por no proporcionar copias a la defensa de Armando, a pesar de que la solicitud había sido realizada previamente.
“Al finalizar su intervención, no otorgó el uso de la voz a ninguno de los intervinientes de la audiencia, vulnerando los principios jurídicos del sistema de justicia penal, entre otras disposiciones; por todo lo anterior, la Fiscalía recurrirá las medidas dispuestas por el juez de control en la instancia correspondiente, presentará queja formal ante el Consejo de la judicatura del Estado para que revise la actuación del juez”, expuso.
FAMILIA ACUSA ANOMALÍAS
Al respecto, la hija de Marco Aurelio Ramírez Hernández, Diana Luisa Ramírez, expresó su preocupación por lo que considera irregularidades en el proceso judicial que involucra a los presuntos responsables del crimen.
De acuerdo con una entrevista de La Jornada de Oriente, entre las anomalías destacadas se encuentra la asignación de un defensor público de último minuto durante una audiencia, así como la falta de seguridad en el recinto judicial, pues permitió que las puertas de la sala estuvieran abiertas, a pesar de que solo había una custodia mujer presente, lo que planteó un potencial riesgo de fuga.
La hija del periodista asesinado también vio un posible interés personal del juez en el caso, lo que podría favorecer a los imputados y obstaculizar el esclarecimiento del crimen, por lo que ha solicitado garantías para asegurar que el proceso legal se lleve a cabo de manera imparcial y justa.
