Pese a ocultar por meses el tema, la rectora interina Cecilia Anaya Berríos reconoció oficialmente que la solución al conflicto que se vive en la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) implica la defensa y reconocimiento jurídicos de los integrantes de la familia Jenkins de Landa como los patronos “legítimos” de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) y Fundación Udlap (Fudlap).
La revelación de la funcionaria quedó asentada en el escrito de comparecencia que presentó el pasado 11 de febrero ante el Juzgado Segundo de lo Civil y echa por la borda el discurso utilizado por la propia Anaya Berríos, los voceros del clan y la ultraderecha poblana de que el pleito al interior de la familia Jenkins de Landa, por el desfalco de casi 730 millones de dólares (mdp) de la FMSJ, es independiente al conflicto que se vive en la casa de estudios cholulteca.
Este reconocimiento, además, coincide con la estrategia jurídica pactada por la familia Jenkins de Landa con el abogado Virgilio Rincón Salas para que, a cambio de entregarle el 15 por ciento de los activos de la Fundación Jenkins –estimados en más de 2 mil 200 mdp– no sólo sacaría del país el dinero de esa institución sino también ofrecería una defensa legal para hacer frente a problemas que pudieran enfrentar otras entidades interrelacionadas con ellos.
Dicho contrato, dado a conocer por Hipócrita Lector, incluye la petición expresa de ampliar los servicios jurídicos de Rincón Salas para la empresa “Reforma Bicentenario, Proyectos Nuevo Siglo, la Fundación de las Américas Puebla, Fundación Colegio Americano de Puebla, Fundación Club Alpha y otras entidades”.
La cláusula uno, numeral siete, establece la obligación pactada: “Defender a la Fundación, a los patronos y los representantes legales de cualquiera de las entidades legales señaladas en el numeral anterior (entre ellas la Fundación Udlap), contra los embates y acciones legales que puedan recibir o propiciarse, de forma directa o indirecta del contexto legal referido por la Fundación en sus declaraciones o de las consecuencias del mismo contexto”.
Vínculo innegable
El escrito presentado –cuya copia obra en poder de este medio– desmenuza los mecanismos legales impulsados por los asesores jurídicos de la familia Jenkins de Landa para defenderlos ante la acción jurídica de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia del Estado de Puebla por el desfalco de casi 730 mdd y el nombramiento de nuevos patronos tanto de la FMSJ como del Fudlap debido a que los anteriores están prófugos de la justicia ante las órdenes de aprehensión por estar supuestamente involucrados en lavado de dinero, delincuencia organizada, fraude y uso de recursos de procedencia ilícita.
Un punto que además destaca del texto de Anaya Berríos es que los abogados de la familia –algunos de ellos radicados en San Diego, California– están sostenidos sólo de suspensiones dictadas por juzgados federales (calificadas como medidas cautelares), pero el fondo de los amparos promovidos contra la autoridad estatal no ha sido resuelto, lo que implica que los representantes legales todavía no logrado echar abajo nada en estricto sentido.
Dicho documento fue presentado ante la decisión del Juzgado Segundo de Distrito de emplazar a la rectora interina para que asistiera el pasado 11 de febrero, a las 12 horas, a recibir el campus de la Udlap por parte Claudia Lira Maldonado, representante legal de la Fundación Jenkins. Al final, la actuación no se llevó a cabo y la funcionaria universitaria optó por recurrir a una comparecencia por escrito.
Uno de los argumentos que presentó para justificar su negativa es la resolución del Juzgado Tercero de Distrito, del pasado 4 de noviembre de 2021, que concedió una suspensión definitiva a la Fudlap que dejó sin efecto la toma de las instalaciones de la Udlap, efectuada el 29 de junio 2021, y ordenó la restitución del inmueble a los representantes legales anteriores, es decir, a Margarita Jenkins de Landa, presidenta del patronato.
A fin de minusvalorar la actuación del Juzgado Segundo, Anaya Berríos responsabilizó a su titular de incumplir con el ordenamiento del Juzgado 24 de lo Civil para que haga efectiva dicha suspensión. “En mérito de lo anterior, es por lo que es improcedente la vía que se intenta ya que solo corresponde al Juez que dictó las medidas cautelares levantarlas y hacer entrega del campus, y usted como ejecutora dar cumplimiento, lo que a la fecha no se ha hecho”, asentó en el documento.
Y aprovechó para lanzar la contraofensiva: “Siendo también un hecho notorio para su señoría que, la Udlap en dicho juicio de amparo directo ha promovido en su contra el incidente por exceso y defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, resultando sorpresivo que a sabiendas de todo lo anterior haya dado entrada a este procedimiento”.
Cecilia Anaya esgrimió que tampoco podía recibir el campus debido a que la actuación fue a petición de la “apoderada” de la FMSJ, “persona moral totalmente distinta a la Fundación Universidad de las Américas, por lo tanto, carece de legitimación para interpelarme, pretendiendo con ello intervenir en la vida laboral, social, administrativa y educativa en la Universidad de las Américas Puebla, sin que en la especie haya presentado documento alguno que la legitime para actuar”.
Y, en una segunda evidencia de que todo está vinculado a la defensa de los antiguos patronos, explicó que la personalidad jurídica de Claudia Lira Maldonado representaba una “franca violación” a la suspensión provisional que otorgó el Juzgado Noveno de Distrito, con sede en Jalisco.
El amparo indirecto 1011/2021, explicó, favoreció a Juan Carlos Jenkins de Landa, patrono de la FMSJ “para el efecto de que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, se abstuviera de inmiscuirse en los asuntos de la Fundación, no ejecuten las medidas decretadas en la sesión 7 y 8 Extraordinaria de abril de 2021”, en las que nombró al nuevo patronato, encabezado por Horacio Magaña.
A la par, hizo mención de la medida adoptada por el Juzgado Octavo de Distrito de la Ciudad de México, que hace unos días ordenó a Lira Maldonado presentar en un plazo de cinco días los documentos que comprueban su personalidad jurídica al frente de la FMSJ.
