El Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil asestó un durísimo revés al movimiento #UdlapLibre al declarar improcedente el juicio de amparo 1029/2021 que los abogados de la Fundación Universidad de las Américas Puebla (Fudlap) presentaron en contra de la decisión de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia del Estado de Puebla de remover del patronato a la familia Jenkins de Landa, así como la decisión del juez 24 de la Civil de la Ciudad México que dictó la intervención del campus y entregó el control de cuentas bancarias y administración al nuevo patronato, encabezado por Horacio Magaña.
A la par, el juzgado rechazó por segunda ocasión reconocer a los “beneficiarios” de la Fudlap, que supuestamente aglutina a padres de familia de estudiantes de la Udlap, como terceros interesados y/o quejosos dentro del juicio 1029/2021 e incluso les corrigió la plana al demandarles que, si existe algún reclamo de su parte ante las decisiones tomadas por diferentes autoridades, entonces, presenten debidamente un juicio de garantías respetando los lineamientos de ley.
La resolución representa un duro revés para la familia Jenkins de Landa, sus abogados y voceros, la ultraderecha poblana, así como los supuestos padres de familia, aglutinados en #UdlapLibre, que condicionaban la recepción del campus de la Udlap y el reinicio de las actividades a que se cumpliera con el mandato del Juzgado Tercero de Distrito que otorgó una suspensión definitiva a Margarita Jenkins de Landa para que siguiera momentáneamente como presidenta de la Fudlap y las instalaciones fueran entregadas a la rectora Cecilia Anaya Berríos.
Al iniciar este año, la familia Jenkins de Landa, a través de sus voceros y abogados, desplegaron una campaña de golpeteo, a través de la revista Proceso, con la finalidad de ligar al gobierno del estado como el responsable de la suspensión de clases en la Udlap por más de siete meses y los perjuicios que eso ocasionó a estudiantes, padres de familia y pobladores de la región.
La campaña fue aderezada con el lucro político de la dirigencia y legisladores del PAN en Puebla, organismos empresariales de ultraderecha e integrantes de la comunidad universitaria. Éstos fueron azuzados a realizar marchas y plantones, bajo el argumento que el gobernador Miguel Barbosa Huerta pretendía quedarse con los casi 730 millones de dólares que los Jenkins enviaron a paraísos fiscales.
Los diputados locales y federales, a su vez, utilizaron las cámaras para convertir el conflicto en un tema político.
Entre las principales demandas de #UdlapLibre estaba la reapertura del campus. Su petición fue concedida, a través del Juzgado de Control del Estado de Puebla y el Juzgado Segundo de lo Civil que instaron a Cecilia Anaya Berríos a que recibiera las instalaciones y, con el apoyo de la SEP estatal, se reanudaran las actividades escolares.
En el último mes y medio, el discurso de los defensores de la familia Jenkins de Landa pasó de acusar al gobernador de quererse quedar con el dinero y exigir la liberación del campus a demandar que la entrega se hiciera con base a lo dictado por el Juez Tercero de Distrito, es decir, reconocer temporalmente a los Jenkins de Landa como patronos de la Fudlap y a Cecilia Anaya como responsable de recibir las instalaciones.
A esto se sumó la petición de los “beneficiarios” de la Fudlap -que según son padres de familia- para que el Juez Tercero de Distrito los reconociera como terceros perjudicados o terceros interesados e incluso le exigieron hacer cumplir la suspensión que otorgó a favor de los Jenkins de Landa.
Sin embargo, este 15 de febrero el mismo Juzgado Tercero de Distrito resolvió declarar improcedente el juicio de amparo 1029/2021, presentado por los abogados de los Jenkins de Landa debido a que el Juzgado 60 de lo Civil fusionó en un solo juicio los expedientes 426/2021 del Juzgado 24 de lo Civil y el 519/2021 iniciado en ese tribunal.
El amparo fue solicitado para echar abajo la decisión de la Junta para el Cuidado de designar a un nuevo patronato en la Fudlap, encabezado por Horacio Magaña, y en contra del Juzgado 24 que avaló la intervención del campus y la entrega de la administración a los patronos recién nombrados, lo que incluía las cuentas bancarias de la universidad.
Al fusionarse los juicios (426 y 519) en el Juzgado 60 de lo Civil quedó sin materia la solicitud de amparo y se suspendió cualquier medida cautelar dictada a favor de la familia Jenkins.
Por su parte, el patronato liderado por Horacio Magaña sostuvo que esta resolución no deja “excusa alguna para que las autoridades universitarias retomen las actividades presenciales de la Udlap”.
“En los últimos meses, el patronato removido (los Jenkins de Landa) ha intentado crear confusión en la opinión pública bajo la supuesta existencia de una suspensión de amparo que ordena su restitución. Con ese pretexto se han negado a cumplir con sus deberes frente a la comunidad Udlap. Si bien esa suspensión jamás se otorgó en esos términos, el juicio de amparo se ha declarado ya improcedente.
“Con esta resolución, no queda ningún procedimiento administrativo o jurisdiccional que impida que las autoridades universitarias asuman la posesión, conducción y administración de la Universidad”, asienta el comunicado.
