En un plazo récord de 16 meses de administración, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, ha enfocado sus baterías en hacer cuatro actos de promoción personalizada con miras a la gubernatura en 2024.
El último caso ocurrió este lunes, cuando bajo el pretexto del cierre de sus 500 días de gestión, presumió supuestos avances de seguridad, obras de infraestructura y economía: un refrito de acciones difundidas en sus tres anteriores informes de gobierno.
Desde sus primeros 120 días de administración, el munícipe organizó un primer informe para destacar sus promesas de campaña, mismas que merecieron una dura crítica por parte del entonces gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quién expresó que no por pavimentar o rehabilitar tres o cinco calles en ese periodo, a él o a cualquier presidente municipal se les podría calificar como una buena administración.
Pasaron los 240 días de gobierno y el munícipe encabezó otro acto de promoción personal bajo el pretexto de difundir acciones del Ayuntamiento de Puebla. En dicha actividad, en la que previamente la imagen del edil se divulgó en distintas plataformas que se pagaron con recursos públicos, servicios de monitoreo de audiencias y encuestas, Rivera Pérez gastó 10.4 millones de pesos para presentar un informe en el que se vertieron verdades a medias, como el reordenamiento del ambulantaje y falsas disminuciones en casos de incidencia delictiva.
En tanto, en octubre de 2022, el panista festejó su primer informe oficial de gobierno, cuyo costo fue de al menos 1.5 millones de pesos, según reconoció el coordinador de Comunicación Social de la Comuna, Fernando Cortés, lo que incluyó contratos para difusión de la imagen del edil en salas de cine como Cinemex y Cinépolis, espacios en parabuses, banners, así como promoción en televisión, radio, medios digitales e impresos, por mencionar algunos.
Dicho informe de 365 días, estuvo plagado de inconsistencias e imprecisiones como la supuesta intervención del gobierno de la ciudad en tragedias como la explosión en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, así como omisiones para aclarar escándalos de la gestión, como la entrega de una concesión de parquímetros a una empresa ligada al Yunque o el fracaso de consenso para conseguir el voto a favor de los diputados locales para avalar el Derecho de Alumbrado Público (DAP).
En el cónclave, el exgobernador Miguel Barbosa dejó en evidencia al edil, al corregirle la plana y acotar que es el gobierno del estado el que se coordina con los municipios para temas de seguridad pública, mas no al revés, por lo que lo fulminó con las palabras: “hoy te voy a decir que sí a todo”.
Este lunes, por cuarta ocasión, Rivera Pérez aprovechó sus 500 días de gestión —lo que representa casi la mitad de su trienio— para promocionar acciones de seguridad, rehabilitación de calles, impulso a la economía y mejoramiento de espacios públicos, aunque también dejó de lado los señalamientos que más han pesado en su administración.
Un ejemplo fue que no se dijo nada sobre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un sobrecosto de 9.5 millones de pesos por la contratación de Vital Led Iluminación, empresa propiedad del constructor Edgar Nava, que fue contratada con flagrantes violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla.
Tampoco hubo un solo pronunciamiento sobre el retraso en más de 50 por ciento del plan de obra pública de la Secretaría de Infraestructura municipal, el incremento en más de 43.3 millones de pesos para pago de salarios a personal, así como del 331 por ciento por el concepto de ayudas sociales o el pago de 12 millones de pesos en intereses por un préstamo con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), cuyo recurso solo se ha utilizado para la entrega de una obra.
El panista no respondió sobre los señalamientos por la política de recaudación que ha imperado en la administración municipal: 1.2 millones de pesos en multas de parquímetros, 301 mil 700 pesos en cuatro días que operaron las “arañas inmovilizadoras” para vehículos, 810 mil pesos por el uso de cajones de estacionamiento y 15.6 millones de pesos en infracciones de tránsito tan solo durante enero.
Eduardo Rivera también llegó a sus primeros 500 días de gobierno en el lugar 43 de aceptación ciudadana entre 150 presidentes del país, según la casa encuestadora Mitofsky, la cual reveló que obtuvo una aprobación de apenas 52.9 por ciento, lo que significa que la mitad de los poblanos tiene una percepción negativa sobre su trabajo en la ciudad.
A la par, se ha caracterizado por la falta de regulación de negocios, tianguis y mercados donde se expenden de forma indiscriminada y sin permisos bebidas alcohólicas, desatino que ya le costó cargar con la intoxicación de más de una decena de menores de edad en el Salón Country San Manuel en noviembre del año pasado, así como el deceso de un hombre en el tianguis de Granjas San Isidro.
