Pese a que no pudo aportar pruebas suficientes para aclarar cada una de las 198 observaciones en la cuenta pública 2020 del municipio de Puebla, Claudia Rivera Vivanco se victimizó y culpó a la Auditoría Superior del Estado, Ayuntamiento de Puebla y medios de comunicación de tergiversar el informe de resultados individuales de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
La expresidenta municipal de Puebla rechazó que su administración no solventara más de mil 887 millones de pesos, y que hayan incurrido en un presunto daño patrimonial de 822 millones de pesos a las arcas municipales.
Incluso, enfatizó que no buscó un acuerdo de impunidad con el extitular de la Auditoría, Francisco Romero Serrano, para que en la revisión de sus cuentas públicas no hubiera observaciones por posibles daños patrimoniales.
La exalcaldesa de Puebla aseveró que como muestra de la inexistencia de un acuerdo político con el exauditor superior del estado, están las auditorías en tiempo real que el órgano fiscalizador de la entidad practicó a su administración en temas como la adquisición de despensas, kits sanitarios, ventiladores mecánicos para atender pacientes de COVID y diversas obras públicas.
“Afortunadamente nosotros le dijimos sí a todas las auditorías, entonces no es nuestro caso tener relaciones en el oscurantismo o de malas prácticas con ninguna autoridad, no solamente con la anterior Auditoría del Estado, sino con ninguna”, enfatizó la morenista arropada por la mayoría de los integrantes de su gabinete, de quienes pesa el manejo irregular y las observaciones en distintas áreas.
Damián Romero Suárez, uno de los exsecretarios de Administración en la gestión claudista, señaló que en el proceso de entrega-recepción se integraron y dieron cuenta de los expedientes de los contratos de obra pública y adquisiciones en 2020, que también fueron atendidos durante las observaciones de la ASE.
El exfuncionario municipal culpó a la Auditoría por no solicitar los expedientes de los procedimientos que audita, así como al Ayuntamiento de Puebla que encabeza el panista Eduardo Rivera Pérez por no presentar dichos documentos para solventar las observaciones, como sujeto obligado de rendir cuentas.
Asimismo, Romero Suárez justificó las observaciones en las que el órgano fiscalizador de la entidad señaló un sobrecosto en obras y adjudicaciones al argumentar que la Auditoría realizó las cotizaciones con precios fuera de la realidad que se vivía en el momento de la pandemia del coronavirus, mientras la administración municipal solamente buscó elegir los precios “más competitivos”.
Leobardo Rodríguez Juárez, primer secretario de Administración de Claudia Rivera, detalló que en el caso de la adquisición de ventiladores de segunda mano para apoyo a personas enfermas de Covid-19, no existe un daño patrimonial de 1.5 millones de pesos, pues la empresa FULLHEEN impugnó el cobro de la fianza del Ayuntamiento.
En cuanto a los programas de apoyos sociales que fueron auditaos y en los que se detectaron posibles daños patrimoniales por más de 125 millones de pesos, el exsecretario municipal sostuvo que la administración de Rivera Vivanco entregó los lineamientos publicados para los beneficiarios, los padrones de personas que recibieron los apoyos, así como los comprobantes de beneficiarios a la Auditoría, por lo que rechazó que se desviaran recursos en estos programas.
Rivera Vivanco recalcó que tanto actores políticos como medios de comunicación han tergiversado las observaciones a la cuenta pública 2020 de su administración, pues en ningún momento se indicó un daño patrimonial al municipio.
La morenista aseguró que responderán a cada una de las observaciones para evitar caer en un posible daño patrimonial al Ayuntamiento de Puebla.
