Por ser poco clara y presuntamente interferir en la patria potestad de los padres, organizaciones civiles se manifestaron contra la minuta de decreto del Congreso del Estado que busca sancionar las terapias de conversión de la identidad de género y sexuales en el estado, hasta con tres años de cárcel.
Miembros de los colectivos Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia, Mujeres de Iniciativa y Asociación de Padres de Familia de Puebla acusaron que la reforma que fue aprobada en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para castigar estas prácticas atenta contra la patria potestad sobre sus hijos.
Guillermo Arteaga, secretario de la organización Iniciativa Ciudadana, señaló que la iniciativa que se discutió en la comisión es ambigua debido a que, al no detallarse qué se considera como “terapia de conversión”, los padres podrían ser “criminalizados” por platicar de sexualidad con sus hijos.
Enfatizó que también se debe garantizar el derecho de las personas que sí se quieran someter a este tipo de prácticas sobre su orientación sexual.
“Que nos den certeza como padres de lo que sí podemos y no podemos decir a nuestros hijos, que no se tome una plática común como una conducta delictiva de los padres”.
Nancy Jiménez, integrante del colectivo Iniciativa Ciudadana, señaló que, aunque están a favor de que se sancione el maltrato físico y psicológico contra las personas para corregir su orientación sexual, no se tiene información de que la Fiscalía General del Estado (FGE) o la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla tengan denuncias sobre gente que haya sido obligada a someterse a Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG).
“No tenemos conocimiento de ninguna denuncia, ni en la Fiscalía General del Estado ni en la Comisión de Derechos Humanos, por lo cual podríamos estar en la construcción de leyes que castigan delitos que no existen”, comentó.
Agregaron que, en entidades como Estado de México, el Código Penal detalla qué se considera como Esfuerzo para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género, por lo que pidieron que no sea aprobada la reforma e incluir a las organizaciones civiles para su discusión y una posible modificación.
De acuerdo con el dictamen, aprobado en comisiones en días pasados por los diputados locales, se adicionaría el artículo 228 Quarter al Código Penal del Estado para sancionar los tratamientos para modificar la orientación sexual.
“Se impondrá de uno a tres años de cárcel y de 50 a 200 días de salario a la persona moral o física que promueva, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica, con o sin fines de lucro con el objetivo de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”, plantea la iniciativa.
