Un segundo conflicto estalló en manos de la alcaldesa de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarún, en menos de dos meses. En septiembre el desplome de un tanque de agua elevado que provocó el deceso de tres personas la puso en el ojo del huracán y, en esta ocasión, la morenista fue objeto de una manifestación de cientos de tianguistas por su presunta intención de subastar terrenos donde están establecidos los comerciantes.
A pie o a bordo de motocicletas, cientos de integrantes del Frente Amplio en Defensa de los Comerciantes de San Martín Texmelucan se manifestaron con pancartas en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad y en vialidades principales, al acusar que la intención de la alcaldesa es subastar las 30 hectáreas de terreno del tianguis ubicado en San Lucas Atoyatenco.
Los más de 12 mil comerciantes del tianguis texmeluquense -el cuál se presume es el más grande de América Latina- bloquearon la autopista México-Puebla, y externaron que el Ayuntamiento de Norma Layón pretende venderles nuevamente sus espacios, aunque éstos han sido pagados y liquidados desde hace 28 años.
“Es de gran preocupación por parte de nuestros agremiados las declaraciones de la presidenta municipal, Norma Layón Aarún, por medio de las cuales pretende despojarnos de nuestros espacios de trabajo, en los cuales hemos trabajado por 28 años, mismos que nos fueron otorgados en la reubicación del tianguis a través del Ayuntamiento, generando con ello una desestabilización en nuestro municipio y en la economía de miles de familias texmeluquenses, ya que no solamente somos los comerciantes, sino también los subempleos que genera este gran centro de abastos en nuestro municipio”, manifestó el Frente de Comerciantes en un comunicado.
El plan de la presidenta municipal consta en subastar los espacios del tianguis a privados, con el fin de saldar una deuda que se tiene con los dueños legítimos de los terrenos y que asciende a aproximadamente mil millones de pesos.
El tianguis inicialmente se ubicaba en otro sitio del municipio de San Martín Texmelucan, pero debido a su gran crecimiento, en 1994 se mudó a San Lucas Atoyatenco; fue desde entonces que la mudanza provocó una serie de conflictos jurídicos y económicos.
La historia comenzó desde 1989, fecha en la que el municipio vendió dichos terrenos a una empresa mediante “cesión onerosa”. La compañía a su vez vendió los espacios a terceros, particulares y empresas, y todo quedó registrado ante Notario en el Registro Público de Comercio.
A pesar de que los 21 ejidatarios afectados promovieron amparos contra la expropiación, el municipio tomó posesión de los terrenos y los entregó para la colocación del nuevo tianguis.
Los años pasaron y en el 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al juzgado de distrito cumplir con un incidente de cumplimiento sustituto, es decir, el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan debía determinar cantidades a pagar a los ejidatarios por la expropiación, así como a la empresa a la que habían vendido dichas hectáreas, a personas físicas y morales afectadas por la reubicación.
Después de una serie de disputas legales, finalmente en abril de 2015, la Corte determinó que el Ayuntamiento debía pagar por los daños provocados a los ejidatarios, monto que se estimó podría llegar a los mil millones de pesos.
Por la pugna, la alcaldesa Norma Layón comenzó a diseñar desde principios de año una estrategia para resolver el conflicto, consistente en proponer a los líderes de las organizaciones que controlan el tianguis comprar las áreas que ocupan para que ellos a su vez revendan los predios a sus representados.
La propuesta tiene como promesa entregar escrituras de los predios a los comerciantes para que sean de su propiedad, pero en caso de no quieran pagarlos, se pondrían a subasta para que los compre un particular.
Dicho de otro modo, el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan busca saldar la deuda histórica por la expropiación ilegal del terreno de 30 hectáreas mediante la venta de las parcelas, lo que provocó desde este miércoles las movilizaciones de comerciantes que reclaman ya haber pagado por la ocupación de sus espacios.
