Con escueta información y sin precisar cuál es el avance de las más de 2 mil observaciones del proceso entrega-recepción que enviaron a la Auditoría Superior del Estado (ASE), la titular de la Contraloría municipal de la Comuna, Alejandra Escandón, ofreció una comparecencia en el Salón de Cabildos sin señalamientos precisos de las presuntas anomalías que han detectado en la administración de la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco.
El informe de labores de la dependencia por el primer año de gobierno de Eduardo Rivera Pérez, únicamente se limitó al anuncio de que han sancionado a un total de 18 servidores públicos por situaciones como no presentar declaraciones patrimoniales, no ejercer sus funciones adecuadamente o entregar documentación apócrifa, sin detallar si se trata de exburócratas de la administración de Claudia Rivera o de anteriores.
Lo único que detalló la funcionaria fue que de los 18 servidores públicos sancionados, 8 fueron merecedores a una amonestación pública, 8 a la inhabilitación, uno obtuvo una suspensión y uno más fue despedido, aunque no detalló si estas revisiones derivaron del proceso entrega-recepción donde se habían detectado más de 2 mil observaciones.
Escandón reveló que recibieron de la pasada gestión mil 7 expedientes por quejas, denuncias y responsabilidades administrativas, pero el gobierno panista mantiene 729 expedientes aún en etapa de investigación.
Entre lo poco que destacó la funcionaria fue que del proceso entrega-recepción emitieron 506 observaciones, de las cuales quedaron abiertos 138 procedimientos y 16 se archivaron por falta de elementos para su continuidad o porque se han solventado por los exservidores públicos. En tanto, 122 continúan en proceso de investigación.
Según la funcionaria, durante el primer año de gobierno panista se recibieron 32 quejas contra servidores públicos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana; Movilidad, e Infraestructura; Gestión y Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, siendo las dependencias con los mayores reportes.
En tanto, contra policías municipales han recibido 10 quejas: seis han sido archivadas, dos están relacionadas a una investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y dos más están en etapa de investigación.
Lo que olvidó informar fue que cuál es el proceso que se sigue respecto a 45 servidores públicos de la pasada administración que fueron citados a comparecer para solventar anomalías, según había declarado el alcalde Eduardo Rivera en mayo pasado.
Tampoco informó nada sobre los 200 procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades que supuestamente la Comuna había iniciado en contra de la administración morenista.
Lo que sí quedó al descubierto fue que desde la implementación del programa parquímetros, la Contraloría ha atendido 5 quejas relacionadas con el cobro indebido de multas para los usuarios, luego de que han acusado que son multados o sus autos son llevados al corralón por deficiencias en el registro del sistema.
“Lo que nos han solicitado, en realidad, es la devolución de los pagos que han efectuado por multa, entonces por ello es que hemos ejercido contacto directo con Semovi e Infraestructura, con la finalidad de que se lleve a cabo el proceso de aclaraciones de infracciones y han sido con relación a este rubro cinco quejas”, reconoció.
