El Consejo de la Judicatura de Puebla inició de oficio un proceso de investigación contra Francisco Javier N., juez de Control de la Región Judicial Centro, luego de que permitió, con sospechas de ilegalidad, la liberación de dos presuntos secuestradores detenidos en 2018.
En una misiva, el Poder Judicial expuso que, en las denuncias contra el Juez de Control, lo mismo está involucrado el Juez Primero de Distrito en Materia Penal del Sexto Circuito, Roberto Antonio Domínguez; no obstante, precisaron que no podrán desarrollar las mismas pesquisas contra él, al estar fuera de la esfera de su competencia.
“En estricto apego y respeto a los derechos humanos de Seguridad Jurídica y Debido Proceso, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado ordenó el inicio de las investigaciones pertinentes a través del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa respectivo, a fin de revisar la actuación y desempeño de Francisco Javier N”, detalló el Poder Judicial del Estado.
Las investigaciones contra ambos jueces tomaron alcances nacionales, toda vez que en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la sección Cero Impunidad, se dieron a conocer los detalles de las liberaciones en favor de los secuestradores que obtuvieron la modificación de sus medidas cautelares para enfrentar su proceso fuera de prisión.
Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), relató que todo inició en enero de 2018, cuando una mujer fue secuestrada en su propio negocio por Diego N. y Juan Carlos N.
Tres días después, el 26 de enero de 2018, la víctima fue rescatada de un motel y los dos secuestradores fueron detenidos, por lo que se les formuló imputación con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Los delincuentes, además de golpear a la mujer, solicitaron dinero a sus familiares a cambio de otorgar la liberación, por lo que más tarde tras las labores de investigación de las autoridades ministeriales, fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado.
Hasta junio de este año, la defensa de los detenidos promovió un amparo para la revisión de medidas cautelares de los secuestradores, mismo que fue concedido por el juez 1 de distrito en materia penal, Roberto Antonio N.
Por tanto, en julio, al llevarse a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares, el juez de control Francisco Javier N., les concedió enfrentar su proceso penal en libertad a cambio asistir a una firma periódica cada mes.
El subsecretario de Seguridad indicó que Francisco Javier N., al momento de resolver cesar la prisión preventiva, “con libertad de jurisdicción”, no consideró que las prórrogas en el juicio se debieron a la defensa de la parte acusada ni el peligro que suponía para la víctima, los testigos y la comunidad, la liberación de los secuestradores.
El Poder Judicial también inició de oficio recientemente investigaciones contra María Gabriela N., Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, quien además de haber sido separada de su cargo, enfrenta un Proceso de Responsabilidad Administrativa.
La situación es que la jueza fue señalada por el despojo de un predio a un empresario en la población de Ocotlán, Coronango, en el año 2017, motivo por el que se ordenó su suspensión de manera provisional en el cargo en tanto se dirimen las investigaciones.
