Legisladores de Morena aseguraron que la detención de Antonio Valente Martínez, El Toñín, es solo cuestión de tiempo. Tanto el presidente del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, como el diputado Julio Huerta Gómez, advirtieron que el presunto líder huachicolero arrastra denuncias por delitos de alto impacto desde el sexenio de Miguel Barbosa, por lo que su captura no depende de voluntad política, sino de que se concrete el operativo correcto.
En cuanto a Gaspar Ramírez, insistió en que la responsabilidad inmediata recae en las fuerzas de seguridad, tanto federales como estatales, pues afirmó que las instituciones ya cuentan con los elementos legales para proceder y que el reto está en concretar su ubicación en la región donde, desde hace varios años, opera el grupo delictivo que él presuntamente encabeza.
El morenista dijo que el Congreso mantiene comunicación constante con las áreas encargadas de la seguridad pública y que, conforme avancen los operativos, se verán los primeros resultados.
Según dijo, no hay margen para tolerar que un presunto delincuente con múltiples carpetas de investigación se mantenga con presencia activa en la vida pública del estado.
A la par, Julio Huerta, exsecretario de Gobernación durante la administración barbosista, se lanzó contra la actitud que adoptó Martínez y su círculo cercano. Consideró “inadmisible” que El Toñín haya dirigido amenazas o señalamientos contra autoridades estatales, entre ellos el actual secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala.
Huerta recordó que durante el gobierno de Barbosa ya existían denuncias por robo de combustible y otros delitos graves, y que dichas carpetas continúan activas.
A su juicio, la razón por la que no se ha logrado su captura no responde a omisiones, sino a que no se ha dado el “momento y lugar preciso” para ejecutarla.
Uno de los puntos más delicados planteados por Julio Huerta es la posible relación operativa entre El Toñín y su hija, Guadalupe Martínez Gerardo, actual presidenta municipal de Quecholac, pues ambos mantendrían el control político conjunto en Quecholac.
El diputado aclaró que cualquier investigación contra la alcaldesa corresponde exclusivamente a las fiscalías, federales o estatales, y que el Congreso de Puebla actuaría solo si la ciudadanía presenta una solicitud formal.
“El único lugar para un delincuente es la cárcel, y por supuesto que estoy a favor del posicionamiento del gobernador Alejandro Armenta en relación a solicitar a la Fiscalía del Estado y de la República que procedan en términos de ley para que los delincuentes estén donde tienen que estar”, expresó.
