El Congreso del Estado de Puebla aprobó el dictamen por el que se expide la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable, cuyo objetivo es normar y regular la programación presupuestal, asignación, ejercicio, control, seguimiento, monitoreo y evaluación del gasto público estatal, así como los procedimientos de coordinación para el registro de información en estas materias.
Durante la sesión, el diputado Miguel Márquez Ríos señaló que la ley busca establecer un gasto responsable, donde cada peso del erario se traduzca en bienestar social para la población.
“Este nuevo ordenamiento fortalece nuestra capacidad para enfrentar los desafíos, nos brinda herramientas para planear, asignar, ejercer y evaluar el gasto público con rigor, eficiencia y ética, con un enfoque social. Los principales beneficios son la transparencia, la rendición de cuentas y un mejor seguimiento del presupuesto”, indicó.
El Congreso de Puebla también aprobó reformas al decreto que autoriza a los 217 municipios para gestionar financiamientos con instituciones de crédito, utilizando como fuente de pago un porcentaje del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, así como del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, durante la administración 2024-2027.
El Pleno avaló un acuerdo para exhortar a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos a supervisar que Petróleos Mexicanos cumpla con la prevención, contención, control y reparación de daños ambientales por el derrame de hidrocarburos en el río San Marcos, en Villa Ávila Camacho, municipio de Xicotepec.
Las diputadas Laura Guadalupe Vargas Vargas y Beatriz Manrique Guevara destacaron la importancia de implementar medidas que coadyuven a la remediación y prevengan futuras afectaciones.
Durante la sesión, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para adicionar disposiciones a la Ley de Salud Mental y Adicciones, incluyendo un capítulo sobre prevención del suicidio desde un enfoque comunitario y de derechos humanos.
El diputado José Luis Figueroa Cortés propuso reformas para garantizar un trato digno a usuarios de servicios de salud mental y adicciones, incluidos quienes estén privados de libertad, asegurando continuidad terapéutica y protección de derechos humanos.
La diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó un punto de acuerdo para que la COFEPRIS y la Secretaría de Salud supervisen los centros privados de tratamiento de adicciones, conocidos como “anexos”.
El diputado José Miguel Trujillo de Ita propuso la creación de la Comisión de Procuración del Bienestar para Adultos Mayores, mientras que iniciativas de Azucena Rosas Tapia y Elpidio Díaz Escobar buscan permitir que sesiones de Comisiones y Comités se realicen fuera de la sede oficial si así lo acuerda la mayoría.
Todas estas propuestas fueron turnadas a las comisiones respectivas para su estudio y dictaminación.
